Revista de Direito do Trabalho - 03/2019

1. Algunas Reflexiones Generales En Torno a Los Efectos de Las Sentencias de Inconstitucionalidad Y a La Relatividad de Ciertas Fórmulas Estereotipadas Vinculadas a Ellas

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Estudos Internacionais

Autor:

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO

Doctor honoris causa por la Universidad de Messina (Italia) y por la Pontificia Universidad Católica del Perú (con sede en Lima). Catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Honorario de catorce Universidades de Iberoamérica. fdezsegado@der.ucm.es

Sumário:

Área do Direito: Trabalho

1. Algunas particularidades de la jurisdicción constitucional

Un sector de la doctrina, que progresivamente tiende a ampliarse, viene incidiendo en la idea común de la relatividad de las fórmulas estereotipadas que tradicionalmente se han venido contemplando en relación a los efectos de las sentencias dictadas por los órganos titulares de la justicia constitucional en los procesos de control normativo, y de modo muy particular en las sentencias estimatorias, esto es, en aquellas que declaran la inconstitucionalidad de la ley fiscalizada en sede constitucional. Este relativismo de los que han sido considerados como tradicionales efectos de este tipo de decisiones constitucionales no es sino la resultante lógica de su insuficiencia, por lo menos en un buen número de casos. Como ya hace una veintena de años escribía entre nosotros uno de los primeros estudiosos de la justicia constitucional 1 [1], el problema de los efectos que produce la declaración de inconstitucionalidad de una ley es uno de los más complicados, por la multitud de aspectos que presenta, poco adaptables a soluciones únicas o simples, por cuanto con frecuencia entran en juego no sólo cuestiones abstractas de fundamentación, sino, sobre todo, cuestiones prácticas de colisión entre los principios de seguridad jurídica y justicia, en relación con los efectos jurídicos desplegados. En fechas más recientes, y en relación al problema de la eficacia temporal de las decisiones antes mencionadas, Ruotolo 2 [2] se mostraba absolutamente contrario a que los problemas que tal cuestión suscita fueran apartados («accantonati») «in nome di assolutizzazioni teoriche tendenti all’affermazione di un summum ius che in taluni casi può risolversi in summa iniuria».

Abordar esta problemática desde una perspectiva muy general creemos que exige aludir con carácter previo, en términos desde luego genéricos, pues no otra es la pretensión de este trabajo, dado lo limitado del espacio de que disponemos, a algunas particularidades de la justicia constitucional, cuya visualización no sólo es necesaria para la mejor comprensión del problema de fondo, sino también porque de esos mismos rasgos peculiares derivan especificidades atribuibles a los efectos de este tipo de sentencias constitucionales.

Y una última precisión. Conviene no olvidar algo que, en algunas normaciones constitucionales, parece estar perdiéndose de vista: la naturaleza jurisdiccional de los Tribunales Constitucionales en particular y, más ampliamente aún, de los órganos llamados a verificar el control normativo de constitucionalidad. Hecha esa necesaria puntualización y analizadas algunas de las consecuencias que a ella se anudan, nos referiremos, sucesivamente, a los rasgos peculiares de las sentencias constitucionales, al carácter objetivo del proceso constitucional y a las consecuencias que de ello dimanan, y a las funciones específicas del juez constitucional. Todos y cada uno de estos aspectos tienen su influjo sobre los efectos de las decisiones constitucionales.

A) La naturaleza jurisdiccional del Tribunal Constitucional

Hace ya medio siglo Leibholz escribía algo que, no obstante el tiempo transcurrido, sigue teniendo perfecta vigencia: «Gewiß sind die Verfassungsgerichte Gerichte, und zwar selbständige und unabhängige Gerichte, die wie andere Gerichte eine rechtsprechende Tätigkeit im materiellen Sinne entfalten und Rechtsfragen zu entscheiden haben» 3 [3]. (Indudablemente, el Tribunal Constitucional es un Tribunal, un Tribunal independiente y autónomo, que, como otros Tribunales, desarrolla una actividad jurisprudencial en sentido material y que tiene que decidir sobre cuestiones jurídicas). Esta reflexión, al igual que otras 4 [4], ilustran acerca de la arraigada idea existente en Alemania e Italia, en los inicios de sus respectivos sistemas constitucionales subsiguientes a la segunda guerra mundial, respecto a la naturaleza jurisdiccional de los órganos creados por los constituyentes con la finalidad básica de salvaguardar la primacía normativa de la Constitución. Esta idea creemos que ha arraigado como si de un auténtico dogma se tratara.

Los Tribunales Constitucionales son auténticos Tribunales, a lo que no obstan sus peculiares perfiles, aunque los mismos los separen profundamente de los Tribunales ordinarios, quizá porque, como adujera un Giudice della Corte costituzionale, medio siglo atrás, el órgano titular de la justicia constitucional aparece como una especie de «continuatore dell’opera dell’Assemblea costituente», en cuanto a él, y sólo a él, corresponde interpretar y actualizar en todo momento el espíritu que empapa («che pervade») la Constitución de la República italiana 5 [5], aunque, qué duda cabe, también por su composición, por el procedimiento objetivo que ante él se sigue en los procesos de control normativo y por los efectos de sus sentencias; por todo este cúmulo de razones, estos órganos, garantes supremos de la Constitución, aparecen nítidamente diferenciados de los órganos integrantes del complejo orgánico del Poder judicial, del que en muchos países, como es el caso de España, se sitúan orgánicamente al margen, lo que responde a una lógica incontrovertible: el Tribunal Constitucional es el titular único de una jurisdicción peculiar como es la jurisdicción constitucional, que poco o nada tiene que ver con la jurisdicción ordinaria.

Las particularidades de la jurisdicción constitucional no deben, sin embargo, llegar al extremo de privar al Tribunal Constitucional de aquellos rasgos que lo hacen reconocible como jurisdicción, que le otorgan su identidad jurisdiccional. Y entre ellos podríamos recordar algunos de los que Cappelletti denominara reglas fundamentales de la «justicia natural» 6 [6], nacidas antes de la consolidación de los sistemas de common law, en cuanto frutos de la sabiduría latina, como sería el caso de aquellas reglas que con sin par nitidez reflejan estos aforismos: «ubi non est actio, ibi non est jurisdictio» o, dicho de otro modo, «nemo judex sine actore», o aquellas otras reglas a las que aluden los aforismos de «nemo judex in causa propria» o «audiatur et altera pars», que demandan que el juez se sitúe por encima de las partes (super partes), no decidiendo sobre una cuestión en la que el propio juez sea parte, al margen ya de requerir que el proceso tenga carácter contradictorio, pues como dijera uno de los grandes juristas norteamericanos del pasado siglo, Lon Luvois Fuller 7 [7], el elemento nuclear de todo proceso reside en la oportunidad de que las partes del mismo puedan presentar pruebas y argumentos razonados; en ello descansa la propia imparcialidad del juez 8 [8], idea subrayada asimismo, entre otros muchos, por el notable procesalista italiano Elio Fazzalari, para quien «la parità fra le parti» es «il vero, intimo nucleo del contraddittorio, quindi del processo» 9 [9]. Puede sorprender que aludamos a estas máximas, más aún si se piensa que los procesos de control normativo son procesos sin partes propiamente dichas, o lo que es igual, sin partes empeñadas en la defensa de un interés propio o subjetivo. Y ciertamente es así, como vamos a ver con más detalle con posterioridad. Pero aún siendo así, no nos cabe duda de que las reglas que tales aforismos identifican han de ser inexcusablemente respetadas. Y no siempre ni en todo lugar lo son. Como prueba de ello nos referiremos a dos ejemplos puntuales.

El Tribunal Constitucional húngaro ha sido dotado de una autoridad ex officio que le permite intervenir en ciertos asuntos al margen de la existencia de una demanda que inste su intervención. En efecto, el art. 49.1 de la Ley nº XXXII, de 1989, del Tribunal Constitucional magiar 10 [10], dispone que el procedimiento de fiscalización de la inconstitucionalidad por omisión, como también el procedimiento de control de la convencionalidad (que puede llevarse a cabo tanto por acción como por omisión), pueden iniciarse de oficio, por el propio Tribunal Constitucional. Un antecedente de esta particularidad procesal, que sin embargo tiene a los efectos de nuestro estudio un interés residual, lo encontramos en la Constitución yugoslava de 1974, que habilitó al Tribunal Constitucional (que ya se creara en 1963) para fiscalizar de oficio no sólo la ausencia de normas requeridas por la Constitución, sino también la inexistencia de normas exigidas para la ejecución de las leyes federales o, más ampliamente, de actos generales federales, pero todo ello se hallaba en perfecta sintonía con la concepción que los constituyentes yugoslavos tenían del Tribunal Constitucional, perfectamente reflejada por Edvard Kardelj, presidente de la Comisión de coordinación, que se encargó de elaborar el Anteproyecto de Constitución, en su discurso ante la Asamblea Federal 11 [11].

Conviene añadir quizá, que la referida concepción era perfectamente coherente con la visión que de la justicia constitucional se tenía en los países socialistas; de acuerdo con la misma, se subrayaba la trascendencia del control «positivo» de constitucionalidad de las leyes. Mientras en los países occidentales el control se presentaba como una fiscalización esencialmente «negativa», en la medida en que permitía expulsar del ordenamiento jurídico aquellos actos legislativos contrarios a la Constitución, paralizando de esta forma, por así decirlo, las actuaciones del poder legislativo contradictorias con la Norma suprema, tal visión fue considerada por el pensamiento socialista como absolutamente insuficiente. Roussillon ha aclarado perfectamente este punto, subrayando 12 [12] la importancia que los teóricos del pensamiento socialista iban a dar a la necesidad de velar para que el legislador respetara «positivamente» la Constitución que desarrolla 13 [13].

Innecesario es decir que no es esa exactamente la visión que de la justicia constitucional se tiene en la Europa democrática, sin que ello presuponga ignorar la importancia del control de las omisiones legislativas vulneradoras de derechos constitucionales 14 [14]. Más allá de ello, de lo que no cabe duda alguna es de que los órganos que nos ocupan son verdaderos órganos jurisdiccionales, y han de ser reconocibles como tales. No albergamos la más mínima vacilación acerca de que quedarán desnaturalizados si se ignora la máxima alemana wo kein Kläger ist, da ist auch kein Richter (donde no hay demandante, no hay juez), vinculada como es bien patente al aforismo latino, aunque también cuente con un antiguo origen sajón.

Un segundo ejemplo lo encontramos en España. En su inicial redacción, la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (en adelante LOTC), no preveía la personación como partes en el proceso de control normativo desencadenado por un juez (cuestión de inconstitucionalidad) de las que lo eran del proceso a quo en el que fraguara el planteamiento de esa cuestión, pese como es lógico a que el fallo del Tribunal Constitucional en torno a la norma, o disposición aplicable al caso y de cuya validez dependía el fallo en el proceso a quo, no podía por menos que afectar a los intereses contrapuestos de las partes de la litis. Tal circunstancia desencadenaría una sentencia (STEDH de 23 de junio de 1993, dictada en el caso Ruiz Mateos) del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenatoria del Reino de España por violación del art. 6.º 1 del Convenio de Roma, por considerar infringido el derecho a un proceso equitativo, noción que engloba el principio de igualdad de armas y el proceso contradictorio, derecho que en el caso en cuestión no fue respetado en tanto en cuanto el Sr. Ruiz Mateos, individual y directamente afectado por la ley cuya inconstitucionalidad fue sometida por el juez del proceso a quo en el que el Sr. Ruiz Mateos era parte, al Tribunal Constitucional, no pudo actuar como parte en el proceso constitucional, a diferencia del Estado, que sí estuvo directamente representado en tal proceso. La importante reforma llevada a cabo en la LOTC por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, ha subsanado la potencial quiebra de derechos que se anudaba al art. 37.2 LOTC, reformando el precepto en el sentido de facultar a las partes del procedimiento judicial (del proceso a quo) para personarse ante el Tribunal Constitucional y formular las alegaciones que entendieren pertinentes. Todo ello no hace sino corroborar que, no obstante las particularidades de la jurisdicción constitucional y de las «especificidades» del procedimiento objetivo que ante el juez constitucional se desarrolla, en cuanto órgano jurisdiccional que es, el Tribunal Constitucional viene obligado a respetar esas reglas de la «justicia natural» a que se refiriera Cappelletti, e innecesario es decir que esa misma obligación recae sobre el legislador, que es quien lógicamente ha de normar el proceso constitucional.

En definitiva, con la creación de un Tribunal Constitucional se perfila un verdadero tribunal, rodeado de todas las garantías de independencia, sujeto a un procedimiento que, aun siendo objetivo y presentando rasgos en verdad peculiares, ha de respetar esas reglas elementales a que con anterioridad aludíamos, y que ha de decidir a través de sentencias y otros actos jurisdiccionales, regidos por consideraciones jurídicas, en el bien entendido de que el juez constitucional siempre deberá valorar las consecuencias de sus actos, al margen ya de ponderar debidamente los distintos principios y valores constitucionales en presencia, lo que puede conducir al juez constitucional a matizar, en ocasiones de modo bien significativo, los efectos de sus sentencias de inconstitucionalidad.

B) Los peculiares perfiles de la sentencia constitucional

La sentencia constitucional, innecesario es decirlo, es, ante todo, un acto de un colegio judicial, con el que éste cierra un proceso peculiar. Sin embargo, este tipo de decisiones presenta unos perfiles propios que las separan notablemente de las sentencias de los órganos jurisdiccionales ordinarios. A ellos nos referimos a renglón seguido.

Objeto de estas decisiones son disposiciones y normas, o como señala Zagrebelsky 15 [15], siguiendo la terminología acuñada por Crisafulli 16 [16], disposiciones emanadas de acuerdo con el procedimiento previsto por las reglas de producción del Derecho, consistentes en «formule linguistiche testuali» y normas expresas en la disposición, obtenidas por medio de la interpretación, o lo que es igual, «disposiciones interpretadas», y no nos cabe la más mínima duda de que el principio de conservación de la norma, que casa perfectamente con el de seguridad jurídica, con el que se trata de compatibilizar la primacía de la Constitución y la salvaguarda, allí hasta donde sea posible, de la voluntad del legislador, tiene evidentes consecuencias sobre las sentencias constitucionales; piénsese sin más en las sentencias interpretativas.

Digamos marginalmente que este tipo de sentencias, al igual que otros tipos de decisiones constitucionales, han venido a establecer un elemento de convergencia (entre los muchos que hoy se pueden visualizar) entre los dos tradicionalmente enfrentados (aunque hoy no tanto) sistemas de justicia constitucional: el de la judicial review of Legislation y el de la Verfassungsgerichtsbarkeit. Las sentencias interpretativas, que como dijera Crisafulli en un célebre artículo 17 [17], «sono nate da un’esigenza pratica, e non da astratte elucubrazioni teoriche», han terminado por dar lugar a la eficacia del precedente en términos semejantes a como sucede en el modelo norteamericano, en contraste con lo que ha venido siendo caracterizado como un peculiar rasgo de los sistemas de civil law 18 [18]. Y es fácilmente comprensible que se ha de diferenciar la eficacia del precedente de la autoridad de cosa juzgada de las decisiones judiciales (y también del valor de res iudicata en las sentencias constitucionales, en aquellos países en que así se admite), distinción que, por lo demás, es válida, tanto en los ordenamientos que atribuyen al precedente eficacia vinculante como en aquellos otros, como el italiano, en que se le atribuye tan sólo una eficacia persuasiva 19 [19].

La función de depuración del ordenamiento jurídico que el Tribunal Constitucional asume, plasmada en su monopolio de rechazo de todas aquellas disposiciones legales que entienda contrarias a la Constitución, que lleva consigo la eficacia erga omnes de las decisiones que estiman la inconstitucionalidad, conduce en último término a una modificación del ordenamiento jurídico que, de algún modo, permite calificar a las sentencias constitucionales como fuentes de ese mismo ordenamiento.

Pero además de todo ello, el Tribunal Constitucional, como dijera Leibholz, en obvia referencia al Tribunal alemán (BVerfG), en cuanto participa en el proceso de integración estatal («der Prozeß der staatlichen Integration») a través de su jurisprudencia (con ayuda de su jurisprudencia, «mit Hilfe der Rechtsprechung»), participa al mismo tiempo, a través precisamente de ella, en el ejercicio de los «poderes supremos del Estado» («der Ausübung der “obersten Staatsgewalt”») 20 [20]. Esta circunstancia se conecta con el contenido político de buena parte de la actividad jurisprudencial de estos órganos, particularmente cuando cumplen la función que ahora centra nuestra atención, el control normativo, y contribuye a explicar las profundas diferencias que los separan de los tribunales ordinarios, que han dado pie a que Weber hable de que un «foso profundo» («ein “tiefer Graben”») separa la jurisdicción constitucional («Verfassungsgerichtsbarkeit») de las jurisdicciones civil, penal y administrativa («der Zivil-, Straf und Verwaltungsgerichtsbarkeit») 21 [21].

En definitiva, el Tribunal constitucional, a través de su actividad jurisprudencial («rechtsprechende Tätigkeit»), interviene como un verdadero poder en el proceso constitucional de formación de la voluntad estatal («in den verfassungsmäßigen Prozeß der staatlichen Willensbildung») 22 [22].

No era muy distinta la reflexión que por las mismas fechas que Leibholz efectuaba el en ese momento Presidente del Tribunal Constitucional austriaco (Verfassungsgerichtshof), Ludwig Adamovich, para quien la jurisprudencia de un Tribunal de este tipo penetra indiscutiblemente en las raíces de todo el conjunto de la vida pública («alle radici tutto il complesso della vita pubblica») y es susceptible de influir profundamente sobre las condiciones políticas del Estado 23 [23].

Los argumentos expuestos creemos que justifican cumplidamente los peculiares perfiles de las sentencias constitucionales frente a las decisiones equivalentes de los órganos jurisdiccionales ordinarios. Y qué duda cabe que los mismos ofrecen bases sólidas para explicar el porqué de algunos de los específicos efectos de aquéllas.

C) El carácter objetivo del proceso constitucional y la inadecuación al mismo de algunas categorías del Derecho procesal común, particularmente de la cosa juzgada

I. La naturaleza de los procesos de control normativo fue perfectamente delimitada por Söhn en un ya clásico trabajo 24 [24] publicado una treintena de años atrás. En tales procesos, los demandantes dirigen hacia la opinión pública («Allgemeinheit») y en interés de la generalidad un procedimiento objetivo («ein objektives Verfahren») para el control de la compatibilidad («zu Überprüfung der Vereinbarkeit») del Derecho del Bund o de los Länder con la Grundgesetz (Ley Fundamental). El procedimiento es unilateral («einseitig»), no contencioso («noch streitig»), y tampoco es un procedimiento contradictorio entre partes («kein kontradiktorisches Parteienverfahren»); es, en definitiva, un procedimiento sin partes interesadas («ein Verfahren ohne Beteiligte») 25 [25]. Y en sintonía con todo ello, como nuevamente escribe Söhn, «die Zulässigkeit einer Normenkontrolle ist lediglich an ein öffentliches kontrollbedürfnis gekoppelt» (la admisibilidad de un control normativo se debe tan sólo a una necesidad pública de control) 26 [26].

Quiere todo ello decir que no nos hallamos ante un procedimiento con partes enfrentadas en defensa de sus respectivos intereses, sino ante un procedimiento encaminado a la defensa de un interés público, como es la salvaguarda de la primacía de la Constitución y, en sintonía con ello, la depuración objetiva del ordenamiento jurídico de todas aquellas disposiciones que el órgano de control entienda vulneradoras de la Norma suprema. Es por todo ello por lo que quienes están legitimados para desencadenar un proceso de control normativo, lejos de pretender la satisfacción de un interés particular, están llamados a cumplir una función pública. Como hace medio siglo escribiera el juez constitucional italiano Nicola Jaeger, la causa jurídica del juicio de control normativo no puede buscarse sino en un interés público, referible al conjunto de la sociedad …

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22 de Maio de 2022
Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1188256160/1-algunas-reflexiones-generales-en-torno-a-los-efectos-de-las-sentencias-de-inconstitucionalidad-y-a-la-relatividad-de-ciertas-formulas-estereotipadas-vinculadas-a-ellas