Accountability e Transparência da Justiça Civil - Ed. 2019

Accountability Y Transparencia En El Curso de La Justicia Civil En Argentina - Parte II. Perspectivas Nacionais

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Parte II. Perspectivas Nacionais

María victória Mosmann

Introducción

La Republica Argentina es un Estado Federal (artículo 1 de la Constitución Nacional), y por ello conviven un poder central y los gobiernos de cada una de las provincias, contando cada uno con su propio Poder Judicial, lo que refleja un doble orden jurisdiccional, el orden federal y los correspondientes a las provincias.

El artículo 108 de la Constitución Nacional dispone que “el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso Estableciere en el territorio de la Nación”, los que conforman el sistema de Justicia Federal. A su vez, el artículo 5 habilita a cada provincia a dictar su propia constitución que asegure –entre otros- su administración de justicia local.

Coexisten entonces, la justicia Federal y los tribunales locales, siendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación el órgano máximo revisor en ambos órdenes.

Estos sistemas cuentan con sus propias regulaciones y reglamentaciones respecto de las formas de designación de los jueces, su remoción, también con sus propios códigos de procedimiento. En el presente informe se desarrollará sólo el sistema federal 1 , haciendo referencias a las regulaciones específicas de las provincias.

1. Independencia Judicial

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que “esta Corte, conforme a inveterada jurisprudencia, ha puesto de resalto que "siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división del Gobierno en tres departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas; pues el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma de Gobierno" (Fallos: 1:32; 338:1060, entre muchos otros). De este principio basal de la división de poderes se desprende la diferenciación de las potestades propias de los tres departamentos del Estado en la decisión de políticas públicas como las examinadas en la presente causa, es decir, entre lo que le incumbe al Congreso de la Nación, al Poder Ejecutivo Nacional y, finalmente, lo que puede dirimir el Poder Judicial. Desde esta comprensión, le atañe al primero la adopción de las pautas propias de la política tributária federal; al segundo, la implementación de la política energética, que abarca la fijación de las tarifas del servicio público; y, a la rama judicial, el control de la razonabilidad de tales decisiones y su conformidad con los derechos fundamentales reconocidos por la Ley Suprema de la Nación. A su vez, la distribución de competencias entre los poderes del Estado se instrumenta a través de un sistema de frenos y contrapesos, conforme al cual la división de los poderes se asienta en el racional equilibrio de recíprocos controles” (Itzcovich, Mabel c/ ANSeS, Fallos: 328:566, voto de los jueces Maqueda y Zaffaroni).

En Argentina, luego de la reforma constitucional del año 1994, en la que se incorporó la expresa protección de derechos de incidencia colectiva, la protección de grupos vulnerables o desaventajados, ha quedado delineado un nuevo rol del Poder Judicial, comprendiendo no sólo la decisión de litigios de interés privado, sino también de interés público. El Poder Judicial controla la adecuación a la legalidad de los actos de gobierno y también su razonabilidad, tal como lo ha afirmado la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se han dado grandes casos en los que se ha cuestionado la constitucionalidad de leyes sancionadas por el Poder Legislativo 2 , o casos en los que se han judicializado decisiones políticas referidas a tarifas de los servicios públicos 3 , y en algunos casos las decisiones judiciales tuvieron un alto impacto cultural o social 4 .

La independencia judicial en el sistema nacional se sostiene sobre la base de diversas herramientas, entre ellas la forma de designación de los jueces, su remoción, también sobre los requisitos de fundamentación de las sentencias, la publicidad de los actos y los sistemas de control de gestión, puntos que desarrollaremos y trataremos de concluir analizando si es que estos instrumentos resultan suficientes a los fines de garantizar el nuevo rol que el Poder Judicial tiene en el país.

2. Forma de Designación de los Magistrados

En Argentina los requisitos para ser Juez varían conforme al cargo al cual se aspira 5 , y también varían las formas de designación.

Para ser Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se requiere ser argentino, de 30 años de edad, haber sido seis años ciudadano de la Nación, ser abogado.

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación, son elegidos por el Presidente de la Nación de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional y las leyes 27.148, 27.149, con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes.

Por Decreto 222/03 se dispuso un procedimiento especial de “autolimitación” de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo de la Nación para elegir a los jueces de la Corte Suprema, a través del cual los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos podrán realizar observaciones sobre el o los candidatos propuestos para ocupar la Corte Suprema, lo que permite una mayor apertura y vinculación de la sociedad en general con los candidatos, antes de su designación. Este procedimiento ha sido fuertemente apoyado por la ciudadanía, en tanto ante algún intento de abandonarlo la sociedad se manifestó con un enérgico repudio 6 .

La ley 26.853 en su artículo 21 determina que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se compone por cinco jueces.

La Constitución Nacional, en el artículo 114, dispone que los jueces – a excepción de los que jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- son elegidos por el Consejo de la Magistratura de la Nación, que es un órgano permanente del Poder Judicial 7 . Tiene entre sus funciones las de “seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores, emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramientos de los magistrados de los tribunales inferiores, administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia, ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados, decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente, dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia”.

La ley 24.937, modificada por las leyes 25.876, 26.080, y 26.855, regula el funcionamiento 8 del Consejo de la Magistratura. Este organismo se encuentra encargado de la capacitación de los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación, a través de la Escuela Judicial Nacional 9 - los Poderes Judiciales de las provincias argentinas actualmente cuentan todas con organismos especiales de capacitación judicial 10 .

La demora en la tramitación de los procesos de selección de los jueces por parte de este organismo es objeto de fuertes críticas 11 . En la realidad esta situación ha dejado un alto porcentaje de los cargos cubiertos por jueces subrogantes que son designados de modo directo, sin previo concurso, todo lo que afecta la independencia del Poder Judicial 12 . Se ha cuestionado que, el Reglamento de Subrogaciones como la Ley de Subrogancias, permiten la designación como jueces de funcionarios que no pasaron por el proceso de selección constitucionalmente. Esta situación fue judicializada y la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en el fallo “Uriarte” 13 , declarando la inconstitucionalidad de la Ley de Subrogancias y del artículo 7 del...

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3 de Dezembro de 2021
Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1188257148/accountability-y-transparencia-en-el-curso-de-la-justicia-civil-en-argentina-parte-ii-perspectivas-nacionais-accountability-e-transparencia-da-justica-civil-ed-2019