Accountability e Transparência da Justiça Civil - Ed. 2019

Responsabilidad Y Transparencia En El Curso de La Justicia Civil En España - Parte II. Perspectivas Nacionais

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Enrique Vallines-García

Introducción

1.Aproximación a la Organización Judicial Española

§ 1. La normativa y la problemática existente en España en materia de responsabilidad y transparencia en el curso de la justicia civil es, en su inmensa mayoría, común a todos los tribunales. Por este motivo, en el presente informe, trataremos de las cuestiones que afectan a la responsabilidad y transparencia en el curso de toda la justicia ordinaria, esto es, no solo de la justicia civil, sino también de la justicia penal, de la justicia administrativa y de la justicia laboral. Pero antes, a modo de introducción, creemos conveniente dar unas pinceladas sobre el diseño de la organización judicial en España.

1.1. La configuración constitucional del Poder Judicial en España

§ 2. Mediante la Constitución española de 1978 (en adelante, CE), 1 España se constituyó en un Estado social y democrático de Derecho en forma de Monarquía Parlamentaria (art. 1 CE).

El Rey es el jefe del Estado y su figura está dotada de valor simbólico y de auctoritas. Así, dice el art. 56.1 CE que el Rey es “símbolo de la unidad y permanencia del Estado, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica”.

El poder predominante es el legislativo. Así, en las elecciones, los ciudadanos eligen a sus representantes parlamentarios y éstos, a su vez, eligen a los miembros del poder ejecutivo.

Junto al poder legislativo estatal, integrado por el Parlamento nacional (también llamado “Cortes Generales”) con sede en la capital del Estado (Madrid), existen diecisiete poderes legislativos regionales, a saber: las “Asambleas legislativas” de las diecisiete “Comunidades Autónomas”. De manera paralela, junto al poder ejecutivo estatal, llamado “Gobierno de España”, existen diecisiete poderes ejecutivos regionales, a saber: los “Consejos de Gobierno” de las diecisiete “Comunidades Autónomas”. A su vez, cada región (cada “Comunidad Autónoma”) se divide administrativamente en provincias y entidades locales, donde existen órganos que desempeñan funciones esencialmente ejecutivas (las “Diputaciones Provinciales” y las “Corporaciones Locales”).

Las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas están repartidas conforme a los criterios que la CE fija en sus arts. 148 y 149. Cabe señalar que, actualmente, entre las muchas y variadas competencias de las Comunidades Autónomas, están la regulación y gestión de la educación y de la sanidad en sus respectivas regiones.

En España hay, por tanto, según puede observarse, una fuerte descentralización política del poder legislativo y del poder ejecutivo.

§ 3. Sin embargo, la descentralización política no ha llegado al poder judicial, que, al menos en su núcleo esencial encarnado en los jueces y magistrados, sigue siendo un poder exclusivamente estatal.

En este sentido, el art. 117.5 CE proclama que “el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales”, lo que se interpreta como algo incompatible con la división de los tribunales en diecisiete poderes judiciales regionales; el art. 122.1 CE exige que sea una ley estatal —la “Ley Orgánica del Poder Judicial”, en adelante LOPJ — la que regule “la constitución, funcionamiento y gobierno de los tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia”; el art. 122.2 CE dispone que el “gobierno” del “poder judicial” corresponde a un órgano constitucional de naturaleza estatal, el llamado “Consejo General del Poder Judicial” (en adelante, CGPJ); y, en fin, el art. 149.1.5 CE dispone que el Estado —no las regiones— tiene “competencia exclusiva” sobre la “Administración de Justicia”.

Por todo ello, cabe afirmar que la CE diseña un poder judicial de naturaleza exclusivamente estatal, aunque, como luego enseguida veremos, esta afirmación debe matizarse, puesto que desde los años noventa los poderes ejecutivos de las Comunidades Autónomas —de las regiones— han ido asumiendo competencias de regulación y de gestión en materia de personal administrativo y de medios materiales al servicio de la Administración de Justicia.

§ 4. El poder judicial está organizado en cuatro órdenes o ramas: (i) civil, (ii) penal, (iii) contencioso-administrativa y (iv) social. Los tribunales civiles resuelven los asuntos en materia de Derecho civil y mercantil; los tribunales penales se ocupan de la instrucción y enjuiciamiento de las infracciones penales; los tribunales contencioso-administrativos tratan de asuntos relacionados con el Derecho administrativo y la actividad de la Administración pública; y, finalmente, los tribunales sociales (también llamados “laborales”) se encargan de los asuntos en materia de Derecho del Trabajo y de Derecho de la Seguridad Social.

Todos los tribunales de esas cuatro ramas integran la llamada “Jurisdicción ordinaria”, 2 que está regulada en la LOPJ y cuyos jueces y magistrados están gobernados por el CGPJ. 3

Junto a la Jurisdicción ordinaria, existen también, por mandato constitucional expreso, ciertas “Jurisdicciones especiales” (Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Tribunales consuetudinarios y Jurisdicción militar), que se someten a su propia normativa y que, en fin, se ocupan de asuntos muy específicos. 4

2.La organización de los tribunales y su gestión

§ 5. Centrándonos en la Jurisdicción ordinaria, respecto de cada tribunal cabe diferenciar, por un lado, al juez o a los magistrados que ejercen la jurisdicción y, por otro lado, a la “oficina judicial”, esto es, a la célula organizativa que, integrada por personal administrativo y por medios materiales, auxilia al juez o a los magistrados en el ejercicio de la jurisdicción. Los jueces y magistrados se gestionan por el CGPJ; en cambio, el personal administrativo y los medios materiales de la oficina judicial se gestionan por el poder ejecutivo —estatal y, en algunos casos, también regional—.

2.1.El juez o los magistrados

§ 6. El titular del tribunal es un juez (en los “Juzgados”, que son los tribunales unipersonales) o un colegio de magistrados compuesto por un mínimo de tres miembros (en las “Audiencias” o “Tribunales”, que son los nombres que reciben los tribunales colegiados). Ese juez único o ese colegio de magistrados —cada uno en el ámbito del tribunal al que pertenecen— ejerce la potestad jurisdiccional y, en consecuencia, es quien “juzga y hace ejecutar lo juzgado” (art. 117.3 CE); y esa tarea la lleva cabo con independencia, con inamovilidad, con responsabilidad y sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1 CE).

La práctica totalidad de los juzgadores españoles son profesionales. 5 De acuerdo con la legislación española, la palabra “juez” se utiliza para designar a los juzgadores profesionales que tienen una categoría inferior o que desempeñan su función en un tribunal unipersonal (es decir, en un “Juzgado”). Y la palabra “magistrado” sirve para designar a los juzgadores profesionales que poseen una categoría superior y que, normalmente, integran los tribunales colegiados (esto es, que integran las “Audiencias” y los “Tribunales”). Ambos tipos de juzgadores —los “jueces” y los “magistrados”— ejercen la jurisdicción en condiciones de igualdad y con las mismas garantías constitucionales de independencia, inamovilidad, responsabilidad y sometimiento único a la ley. 6

§ 7. Desde un punto de vista burocrático o administrativo, los jueces y los magistrados son gobernados por el CGPJ, que es un órgano constitucional formalmente independiente de los poderes ejecutivo y legislativo. Así, entre otras funciones, el CGPJ se encarga de reclutar, formar y designar a los jueces y magistrados, el que determina los tribunales en los que los jueces y magistrados van a desempeñar su labor, el que paga sus salarios, el que organiza los concursos de traslados de jueces y magistrados de un tribunal a otro, el que decide sobre la promoción de los jueces o el que vela por que los jueces y magistrados cumplan con sus obligaciones como servidores públicos, pudiendo a tal efecto imponer sanciones disciplinarias a los incumplidores; además, el CGPJ tiene la potestad de dictar normas de rango reglamentario en determinadas áreas relacionadas con el funcionamiento del propio CGPJ o de los tribunales de la Jurisdicción ordinaria. 7

El CGPJ está compuesto por veintiún miembros. Por un lado, está compuesto por veinte “vocales”, de los cuales doce son jueces o magistrados y ocho son juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional; desde el año 1985, todos los vocales —tanto los doce jueces como los ocho juristas— son elegidos por el poder legislativo estatal (por las “Cortes Generales”) para un mandato de cinco años. Por otro lado, el CGPJ tiene un miembro adicional, a saber: el Presidente del CGPJ, que también es Presidente del Tribunal Supremo; el Presidente es elegido por los veinte vocales en su primera reunión tras su nombramiento y cesa a los cinco años, junto con los veinte vocales que lo eligieron. 8

2.2.La “oficina judicial”

A) Clases de oficinas: unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales

§ 8. La oficina judicial es la célula administrativa que auxilia al juez o a los magistrados en el ejercicio de la jurisdicción. 9 Cada uno de los tribunales españoles posee su propia oficina, la cual recibe el nombre de “Unidad Procesal de Apoyo Directo” (en adelante, UPAD).

En algunos lugares, además de las UPADs, los tribunales también reciben el auxilio de otro tipo de oficina que se denomina “Servicio Común Procesal” (en adelante, SCP). Los SCPs son oficinas judiciales especializadas en ciertas tareas, cuya función es auxiliar a más de un tribunal que está situado en el mismo edificio o en el mismo lugar. Así, por ejemplo, existen SCPs especializados en registro y reparto de escritos procesales, o en realización de notificaciones, embargos y lanzamientos fuera del local judicial. Otros SCPs tienen competencias de tipo más general: éste es el caso de los SCPs de “ordenación procedimental” (que asumen el impulso procesal de los procesos declarativos o recursos) o de los SCPs de “ejecución” (que asumen el grueso de la tramitación de las ejecuciones forzosas).

En los lugares donde no existen SCPs, todas las tareas de auxilio al juez o a los magistrados corresponden a la UPAD del tribunal de que se trate. En cambio, donde sí existen SCPs, la UPAD lleva a cabo un auxilio de tipo “subsidiario”, de manera que, en los ámbitos de especialización de los SCPs (registro, notificaciones, ordenación procedimental, ejecución…), son éstos los que auxilian al juez o a los magistrados y, en el resto de los ámbitos que requieren auxilio administrativo, interviene la UPAD del tribunal de que se trate. Por eso, aunque todas las oficinas judiciales, tanto las UPADs como los SCPs, se organizan internamente de manera muy similar, en aquellos lugares donde no existen SCPs, el personal administrativo y los medios materiales de las UPADs tienden, lógicamente, a ser mayores.

B) Personal administrativo

§ 9. El personal administrativo de la oficina judicial —tanto si ésta reviste la forma de UPAD como de SCP— se compone de un “Letrado de la Administración de Justicia” y, subordinados a él, de varios funcionarios, los cuales, ordenados de mayor a menor categoría, …

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24 de Maio de 2022
Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1188257152/responsabilidad-y-transparencia-en-el-curso-de-la-justicia-civil-en-espana-parte-ii-perspectivas-nacionais-accountability-e-transparencia-da-justica-civil-ed-2019