Revista de Direito do Trabalho - 06/2018

Consideraciones a Decision Del Tsj de Venezuela En Juicio de Profesor Jubilado Contra Universidad Privada - Tribunal Supremo de Justicia – Caracas, Venezuela

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Tribunal Supremo de Justicia – Caracas, Venezuela

Sumário:

Área do Direito: Civil

El 2 de octubre de 2017, el abogado Reinaldo Jesús Guilarte Lamuño, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 84.455, actuando con el carácter de apoderado judicial de la UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO, institución de Educación Superior de carácter privado y sin fines de lucro, creada el 19 de octubre de 1953, mediante el Decreto Nº 42 emanado del Ejecutivo Nacional, e inscrita en la Oficina Subalterna de Registro del Primer Circuito del entonces Departamento Libertador del Distrito Federal, en fecha 15 de mayo de 1956, bajo el Nro. 39, Folio 70, Protocolo I, Tomo 16, cuyo nombre fue modificado por autorización del Ministério de Educación mediante Oficio Nro. 2.141 del 7 de julio de 1954 y registrada el 8 de junio de 1966, bajo el Nro. 42, Folio 107 vto., Protocolo I, Tomo 7 de los Libros llevados por dicho Registro, solicitó la revisión constitucional de la sentencia dictada el 24 de mayo de 2017, por el Juzgado Sexto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró “PRIMERO: SIN LUGAR la solicitud de regulación de competencia interpuesta por el abogado Reinaldo Guilarte actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, contra la decisión de fecha 06 de marzo de 2017, emanada del Juzgado Noveno (9º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SE CONFIRMA la sentencia sobre la cual se interpuso la solicitud de regulación de competencia, por las razones indicadas en la parte motiva de la presente decisión. TERCERO: SE DECLARA COMPETENTE a los Tribunales (sic) Laborales (sic) de este circuito Judicial (sic) del Trabajo (sic), para conocer y tramitar el presente asunto, motivo por el cual se ordena darle prosecución a la pariente causa”.

El 2 de octubre de 2017, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, quien con tal carácter, suscribe la presente decisión.

El 31 de octubre de 2017, el solicitante presentó diligencia mediante la cual requirió se dicte el fallo correspondiente y consignó en copia simple auto emanado del Tribunal Quinto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas.

El 30 de noviembre de 2017, el solicitante presentó diligencia mediante la cual consignó “(…) la copia simple del acta de la audiencia de juicio celebrada en el juicio seguido por Clemente Romero en contra de la Universidad Católica Andrés Bello, así como copia simple de la sentencia dictada por el Tribunal Quinto (5º) de Juicio de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas en fecha 23 de noviembre de 2017 (…)”, e indicó que “(…) resulta evidente que se mantiene la violación de los derechos constitucionales de la Universidad Católica Andrés Bello, por cuanto estaría siendo juzgada por un Juez que no es el Juez Natural (…)”.

Ese mismo día, se dio cuenta en Sala de la diligencia y sus anexos.

El 14 de diciembre de 2017, el solicitante presentó diligencia mediante la cual solicitó que sea admitido el presente recurso y que sea declarada con lugar la medida cautelar solicitada. En esa misma fecha, se dio cuenta en Sala de la diligencia.

El 7 de febrero de 2018, el abogado Reinaldo Jesús Guilarte Lamuño, ya identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Universidad Católica Andrés Bello, presentó diligencia mediante la cual solicitó se declare ha lugar el presente recurso. En esa misma oportunidad, se dio cuenta en Sala de la diligencia.

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones.

I. FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

El solicitante fundamentó la solicitud de revisión en los siguientes términos:

Que "[e]n fecha 1o de octubre de 2011, la UCAB [Universidad Católica Andrés Bello, en lo sucesivo identificada por el accionante con las iniciales UCAB, conforme lo indica en su escrito libelar] otorgó la jubilación al ciudadano CLEMENTE ROMERO MONTERO (en lo sucesivo denominado el ‘Sr. Romero’) una vez que se verificó el cumplimiento de los requisitos para otorgar la misma". Que "[e]n fecha 25 de enero de 2017, el Sr. Romero interpone la demanda en contra de la UCAB, en la que solicita la homologación de la jubilación al salário mínimo urbano, por lo que en consecuencia reclama el pago de: (i) diferencia de la pensión de jubilación desde octubre de 2011 hasta diciembre de 2016; (ii) intereses sobre la diferencia de la pensión de jubilación desde octubre de 2011 hasta diciembre de 2016; (iii) aguinaldos desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2016; y (iv) intereses sobre los aguinaldos desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2016" (Mayúsculas y negrillas del escrito).

Que “[e]n fecha 2 de febrero de 2017, el Tribunal de Sustanciación procedió a admitir la demanda interpuesta por el Sr. Romero en contra de la UCAB. En fecha 8 de febrero de 2017, se realiza la notificación de la UCAB, que es certificada en fecha 17 de febrero de 2017. En fecha 3 de marzo de 2017, la UCAB presenta escrito en el que alega: (i) la inadmisibilidad de la demanda por inepta acumulación de pretensiones; y (ii) subsidiariamente la incompetencia del Tribunal por la materia. Es así, como el Juzgado de Sustanciación declaró SIN LUGAR lo solicitado por la UCAB en su escrito de fecha 3 de marzo de 2017, por lo que la UCAB procedió a ejercer el recurso de: (i) apelación en lo que respecta a la inadmisibilidad; y (ii) regulación de competencia en lo que respecta a la competencia por la materia” (Mayúsculas del escrito).

Que “[e]n fecha 24 de mayo de 2017, el Tribunal Superior declaró SIN LUGAR el Recurso (sic) de Regulación (sic) de Competencia (sic) interpuesto por la UCAB, sin sustanciar y sin decidir el recurso de apelación en contra de la decisión del Juzgado de Sustanciación que declaró SIN LUGAR el argumento de inadmisibilidad de la demanda por inepta acumulación de pretensiones”. (Mayúsculas y negrillas del escrito).

Que “[i]nclusive, se procedió a remitir el expediente al Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas (en lo sucesivo denominado el ´Tribunal de Mediación’), ante el cual se continuó celebrando la prolongación de la audiencia preliminar en fecha 8 de agosto de 2017”.

Que “[d]ebido a que las partes, no pudieron llegar a un acuerdo en la prolongación de la audiencia preliminar en fecha 8 de agosto de 2017, el Juzgado de Mediación declaró terminada la audiencia preliminar, acordando la remisión de la causa a juicio”.

Que “[e]n fecha 18 de septiembre de 2017, la UCAB presentó escrito de contestación en contra de la demanda interpuesta por el Sr. Romero en contra de la UCAB (…), siendo distribuido el expediente, por lo que fue asignado al Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas (en lo sucesivo denominado el ‘Tribunal de Juicio’) (…)”

Que (…) en el presente caso se estarían violentando los precedentes dictados por las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia (…), referidos a la competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativo para conocer de las acciones en contra de las Universidades (sic) y los actos de autoridad, por ser los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativo el juez natural de las Universidades (sic)”.

Que [e]n efecto, la Sentencia (sic) Recurrida (sic) va en contra de la doctrina del TSJ [Tribunal Supremo de Justicia, en lo sucesivo identificado por el accionante con las iniciales TSJ, conforme lo indica en su escrito libelar], por lo que causa una grave inseguridad jurídica a la UCAB, incurriendo el Tribunal Superior en una violación del principio de confianza legítima y seguridad jurídica, situación que deriva en una violación del derecho: (i) a la tutela efectiva: (ii) a la defensa; (iii) al debido proceso de la UCAB, porque el Tribunal Superior dejó de aplicar los precedentes del TSJ sobre la competencia de los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer de las acciones que se interponen en contra de las Universidades y los actos de autoridad, situación que atenta contra el principio de confianza legítima y seguridad jurídica”.

Que (…) la Sentencia (sic) Recurrida (sic) estaría permitiendo que los órganos de la Jurisdicción Laboral conozcan de la acción intentada por el Sr. Romero en contra de la UCAB, a pesar que éstos no tienen la competencia necesaria para conocer de las acciones que son ejercidas en contra de las Universidades (sic) y los actos de autoridad”.

Que (…) se debe tener en consideración que el Sr. Romero en la acción interpuesta sostiene que el Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de Investigaciones de la UCAB (…) supuestamente viola los artículos 80 y 86 de la CRBV [Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en lo sucesivo identificada por el accionante con las iniciales CRBV, conforme lo indica en su escrito libelar], por lo que reclama la homologación de la jubilación al salário mínimo urbano, solicitando el pago de la cantidad de: (i) Doscientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Ocho Bolívares con Setenta Céntimos (Bs. 274.998,70), por concepto de la supuesta diferencia de la pensión de jubilación que en su decir le correspondía por el período comprendido entre el 1º de octubre de 2011 y el 31 de diciembre de 2016; (ii) Nueve Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Bolívares con Setenta y Dos Céntimos (Bs. 9.694,72), por concepto de los intereses sobre la diferencia de la pensión de jubilación desde octubre de 2011 hasta diciembre de 2016; (iii) Ciento Treinta y Un Mil Ochocientos Sesenta Bolívares con Sesenta y Dos Céntimos (Bs. 131.860,62), por concepto de los aguinaldos desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2016; y (iv) Veintiún Mil Seiscientos Setenta y Cinco Bolívares con Cincuenta y Tres Céntimos (Bs. 21.675,53), por concepto de los intereses sobre los aguinaldos desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2016”. Que (…) el Sr. Romero pretende que sea declarada la nulidad del Reglamento UCAB, para que en consecuencia se acuerde la homologación de la pensión de jubilación, así como el impacto de la referida homologación en otros conceptos”.

Que (…) el Reglamento UCAB es un acto de autoridad de contenido normativo, por cuanto fue dictado por la UCAB, mientras que la jubilación del Sr. Romero es un acto de autoridad de efectos particulares, debido a que el Sr. Romero solicitó su jubilación con base en el Reglamento UCAB, solicitud que fuera aprobada por el Rector de la UCAB”.

Que [e]n este orden de ideas, siendo que la acción del Sr. Romero es en contra de la UCAB, además que estaría fundamentada en actos de autoridad dictados por la UCAB, que resulta claro que los órganos de la Jurisdicción Laboral no tienen competencia, para conocer y decidir la acción ejercida por el Sr. Romero en contra de la UCAB, porque con base en el derecho al juez natural regulado en el numeral 4 del artículo 49 de la CRBV, son los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa los que tienen la competencia para conocer de la acción interpuesta por el Sr. Romero”.

Que [p]or esta razón, solicita[n] muy respetuosamente que sea revisada la Sentencia (sic) Recurrida (sic) dictada por el Tribunal Superior, porque viola el principio de confianza legítima y seguridad jurídica, que forma parte del derecho a la tutela efectiva regulado en el artículo 26 de la CRBV, además que la Sentencia (sic) Recurrida (sic) viola el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso de la UCAB”.

Que (…) la Sentencia (sic) Recurrida (sic) viola el principio de confianza legítima y seguridad jurídica, porque desconoció los precedentes del TSJ sobre la competencia de los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer de las acciones que son interpuestas en contra de las Universidades (sic) y los actos de autoridad, situación que además deriva en una violación del derecho a la defensa y el derecho al debido proceso, porque el Tribunal Superior debió aplicar los precedentes del TSJ para determinar el Tribunal que tenía la competencia para conocer de la acción intentada por el Sr. Romero en contra de la UCAB”.

Que [e]n el presente asunto, el Tribunal Superior en ningún momento tomó en consideración las sentencias dictadas por la Sala Político Administrativa (…) del TSJ y la Sala Plena (…) del TSJ, simplemente se limitó a señalar que los órganos de la Jurisdicción Laboral tenían competencia para conocer de la acción ejercida por el Sr. Romero en contra de la UCAB, con base en lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo”.

Que (…) el Tribunal Superior desconoció en la Sentencia (sic) Recurrida (sic), la naturaleza jurídica de la actividad que realizan los profesores que prestan servicios en las Universidades (sic) establecidas en la República Bolivariana de Venezuela, situación estudiada por la SP del TSJ en la sentencia № 142 publicada en fecha 28 de octubre de 2008 (…)”.

Que [e]n este sentido, el Tribunal Superior incurrió en un error en el momento de subsumir el presente caso en dicho artículo, ya que tal como se expuso previamente, existe toda una doctrina desarrollada por el TSJ, que sostiene que los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son los que tienen la competencia atribuida para conocer de la acción interpuesta por el Sr. Romero en contra de la UCAB, más aun tomando en consideración la naturaleza jurídica de la relación que existe entre los profesores y las Universidades (sic), además que el Reglamento UCAB y la jubilación del Sr. Romero son actos de autoridad dictados por la UCAB”.

Que [e]n el presente caso, el Sr. Romero sostiene que el Reglamento UCAB supuestamente viola los artículos 80 y 86 de la CRBV, por lo que reclama la homologación de la jubilación al salário mínimo urbano (…)”. Que “es claro que el Sr. Romero pretende sea declarada la inconstitucionalidad de un acto de autoridad de contenido normativo como es el Reglamento UCAB, además que el Sr. Romero pretende sea revisado un acto de autoridad de efectos particulares como es la jubilación otorgada por la UCAB, siendo ambos actos de autoridad, los actos de cobertura, que además se encuentran firmes, porque el Sr. Romero no interpuso una Demanda (sic) de Nulidad (sic) por Inconstitucionalidad (sic) del Reglamento UCAB y la Jubilación (sic) dentro del lapso previsto en el ordenamiento jurídico aplicable”. Que “es evidente que los órganos de la Jurisdicción Laboral, no tienen competencia para conocer de la acción interpuesta por el Sr. Romero en contra de la UCAB”.

Que “[p]or lo tanto, aquellos actos que la UCAB efectué (sic) donde esté actuando como una autoridad deben reputarse necesariamente como actos administrativos, por lo que el control de los mismos se encuentra sometido a los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, además que cualquier acción que derive de la relación jurídica que existió entre el Sr. Romero y la UCAB, deberá ser conocida por los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, debido a la naturaleza jurídica que tiene la relación jurídica de los profesores que prestan servicios en las Universidades (sic), como lo reconoció la SP del TSJ en la sentencia № 142 publicada en fecha 28 de octubre de 2008 (…)”.

Que “[d]ebido a lo anterior, la Sentencia (sic) Recurrida (sic) dictada por el Tribunal Superior (sic) viola el principio de confianza legítima y seguridad jurídica, cuando el Juez dejó de aplicar la doctrina del TSJ sobre la competencia de los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el supuesto de las acciones interpuestas en contra de las Universidades (sic) y los actos de autoridad, siendo la Jurisdicción Contencioso Administrativa el juez natural para conocer y decidir la acción intentada por el Sr. Romero en contra de la UCAB”.

Que “el Tribunal Superior tenía la obligación de aplicar la doctrina del TSJ sobre la competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer de las acciones interpuestas en contra de las Universidades y los actos de autoridad, por lo que dejar de aplicar la referida doctrina conllevó (sic) una violación del derecho a la confianza legítima y seguridad jurídica de la UCAB, debido a que teniendo el derecho de ser tratada de la misma forma que venían siendo tratadas todas la Universidades, fue tratada de una forma diferente, cuando el Tribunal Superior decidió no aplicar la doctrina del TSJ, y declaró en la Sentencia (sic) Recurrida (sic) que los órganos de la Jurisdicción Laboral son los competentes para conocer de la acción interpuesta por el Sr. Romero en contra de la UCAB”.

Que “la Sentencia (sic) Recurrida (sic) dictada por el Tribunal Superior violó el principio de la confianza legítima y seguridad jurídica que son elementos integrantes del derecho a la tutela efectiva, por lo que la Sentencia Recurrida violó los artículos 21, 22 y 26 de la CRBV, resultando en consecuencia nula con base en lo dispuesto en el artículo 25 de la CRBV”.

Solicita “[c]onforme con lo dispuesto en los artículos 585 y 588 del CPC, solicitamos que se decrete Medida (sic) Cautelar (sic) Innominada (sic), mediante la cual se acuerde la suspensión de: (i) la Sentencia (sic) Recurrida (sic) dictada por el Tribunal Superior; y (ii) el juicio que el Sr. Clemente Romero sigue en contra de la UCAB, que cursa ante el Tribunal de Juicio, signado con el número de expediente AP21-L-2017-000154”.

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3 de Dezembro de 2021
Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1188258235/consideraciones-a-decision-del-tsj-de-venezuela-en-juicio-de-profesor-jubilado-contra-universidad-privada-tribunal-supremo-de-justicia-caracas-venezuela