Revista de Direito do Trabalho - 01/2018

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1. El Alcance Del Control Judicial de Razonabilidad de Las Políticas Públicas: Perspectiva Argentina Y Comparada

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Estudo Estrangeiros

Autor:

ALFONSO SANTIAGO

Doctor de Derecho, ambos títulos otorgados por Universidad de Buenos Aires. Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, de la que ha sido Vicedecano (1991-1999). Ha sido Vicerrector de Asuntos Académicos de la Universidad Austral (2011-2014) y actualmente se desempeña como Director de su Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Es miembro Titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales Buenos Aires y Presidente de su Instituto de Derecho Constitucional “Segundo V. Linares Quintana”. Miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, de la Academia Paulista de Letras Jurídicas (San Pablo, Brasil) y miembro de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada (España). Autor. Abogado. asantiago@austral.edu.ar

Sumário:

Área do Direito: Constitucional

Resumen: En este trabajo tiene cuatro partes bien diferenciadas. En la primera de ella, pretendemos hacer una presentación del tema que desarrollaremos en el artículo, mediante distintas referencias jurisprudenciales del derecho comparado y la formulación de la cuestión que nos proponemos resolver. En la segunda y tercera parte daremos argumentos a favor y en contra de una y otra postura acerca del alcance del control de razonabilidad judicial de las políticas públicas. Finalmente, en la cuarta parte expondremos y fundaremos nuestra postura sobre la cuestión planteada.Resumo: Este trabalho possui quatro partes bem diferenciadas. Na primeira, pretendemos expor o tema do artigo, mediante referências jurisprudenciais do direito comparado e formulação de questões que nós pretendemos resolver. Na segunda e terceira partes, daremos argumentos a favor ou contra o alcance da razoabilidade do controle judicial das políticas públicas. Finalmente, na quarta parte, exporemos e fundamentaremos nossa postura sobre a questão proposta.

Palabra Clave: Razonabilidad – Políticas públicas – Control judicial – Argentina – Derecho comparadoPalavra Chave: Razoabilidade – Políticas públicas – Controle judicial – Argentina – Direito comparado

1. Presentación

La creciente y progresiva juridización y judicialización de los procesos sociales y políticos ha provocado que los tribunales no sólo definan y tutelen los derechos constitucionales de quienes son parte en el proceso, sino que, en ocasiones, examinen en profundidad y se pronuncien sobre la razonabilidad de las políticas públicas implementadas por los poderes políticos. Incluso parecería que, en muchos casos, el eje central de discusión se ha trasladado de la determinación y protección del derecho constitucional afectado en el caso concreto a la razonabilidad de la política pública en sí misma considerada.

Por otra parte, se advierte una tendencia creciente a configurar aquellas políticas en sede judicial cuando, a criterio de los magistrados, se descubre una omisión inconstitucional o una determinada insuficiencia legislativa en la protección de determinados derechos o bienes tutelados en las cartas magnas. Esta última tendencia ha llevado en ocasiones a los tribunales constitucionales a transformarse de legisladores negativos en legisladores positivos, con todas las consecuencias y dificultades que ello acarrea. 1

Un reciente proyecto de ley elaborado en Brasil propone la creación de un proceso específico para el control de constitucionalidad y razonabilidad las políticas públicas por parte del Poder Judicial, regulando minuciosamente todos los aspectos relativos a ese control. 2 Se trata de la propuesta de un nuevo tipo de proceso constitucional que se sumaría a los ya existente en el ámbito del Derecho Procesal Constitucional.

La intensificación del control de la razonabilidad de las políticas públicas plantea importantes cuestiones constitucionales en relación con el principio de división de poderes y a posibles riesgos de extralimitación judicial, que han dado lugar a un fuerte debate público y doctrinario sobre el rol que les corresponde a los jueces en las modernas democracias constitucionales. Se habla también así del riesgo de la “sobrejudicialización” de los procesos políticos y sociales. 3

En el ámbito del derecho constitucional norteamericano, a partir del fallo del caso “Brown” sobre integración racial en las escuelas en 1954, se ha planteado un intenso debate doctrinal 4 y político acerca de la legitimidad y efectividad de las decisiones judiciales para brindar “remedios estructurales” (structural remedies) a los problemas sociales de cierta envergadura que se dan en determinada sociedad 5 . Así, se ha señalado que el “remedio estructural” que persigue esta novedosa forma de intervención judicial en la administración de la cosa pública, parte de la premisa de que la calidad de nuestra vida social se ve afectada en gran medida por la acción u omisión de organizaciones burocráticas de gran escala y no tanto por la acción de individuos que pueden actuar fuera o dentro de estas organizaciones.

En particular, esta postura parte de la creencia de que los derechos constitucionales fundamentales no pueden ser plenamente asegurados si no se lleva a cabo la reforma profunda de las estructuras y políticas públicas vinculadas con aquellos. Por tanto, si la demanda “estructural”, que solicita un “remedio estructural”, se entiende como aquella en la que el juez, a fin de proteger determinados bienes constitucionales, se ve en la necesidad de reformar una determinada organización o política pública, a fin de eliminar la amenaza a los valores constitucionales que proviene del statu quo gubernamental o administrativo. De esta manera, el remedio estructural no se pone en marcha ante incumplimientos episódicos o puntuales de las mandas constitucionales, por lo que el juez no busca sancionar una conducta puntual o eliminar del sistema jurídico una norma que no se adecua al texto de la Ley Suprema.

Por el contrario, aquél se ve enfrentado a corregir una “condición social”, o una interacción continua, que no depende necesariamente del marco jurídico aplicable, sino del modo en que determinada organización viola o amenaza sistemáticamente ciertos derechos fundamentales.

Durante las décadas de 1970 y 1980, la doctrina estadounidense saludó con entusiasmo y defendió enfáticamente la utilización de estas herramientas 6 . La doctrina actual, en cambio, tiene una visión más madura y matizada de las decisiones judiciales que buscan brindar remedios estructurales a ciertos problemas sociales. En particular, es casi unánime la doctrina que rescata al menos algunos valores positivos que ha entrañado la utilización de la teoría de los remedios estructurales, siempre que ello ocurra en el contexto adecuado. Esto se hace especialmente evidente en materia de desegregación racial y valoración positiva, conforme fue sostenido en los casos “Brown v. Board of Education of Topeka, Kansas” y su progenie. 7

En junio del 2012, la Corte Suprema norteamericana ha convalidado por estrecho margen la constitucionalidad de la ley de salud impulsada por el gobierno de Obama en el 2010 (“Obamacare”), en un claro ejemplo de control judicial de constitucionalidad de una ley que contenía una política pública decidida por los poderes políticos. Sin embargo, el 30 de junio de 2014 el mismo tribunal en los casos "Sylvia Burwell, Secretary of Health and Human Services, et al., petitioners v. Hobby Lobby Stores, Inc. Et Al." (Docket 13–354) y "Conestoga Wood Specialties Corporation et Al., v. Sylvia Burwell, Secretary of Health and Human Services, et al." (Docket 13–356) dispuso, por 5 a 4 votos, que el mandato contraceptivo dictado por el Departamento de Salud (HHS), que obliga …

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19 de Agosto de 2022
Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1188258265/1-el-alcance-del-control-judicial-de-razonabilidad-de-las-politicas-publicas-perspectiva-argentina-y-comparada-estudo-estrangeiros-revista-de-direito-do-trabalho-01-2018