Revista de Direito do Trabalho - 09/2018

Em Foco - Rdt 193 (Setembro 2018)

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Incompatiblidades de funcionarios

1) https://www.globalpoliticsandlaw.com/2018/05/09/incompatiblidades-de-funcionarios/

Por Julio González en Derecho administrativo, Derechos fundamentales, Empleo público (09.05.2018)

Incompatibilidades de funcionarios. Los funcionarios tenemos una posición jurídica peculiar por las características generales de su régimen jurídico. Una situación que tiene indudablemente muchas ventajas y algunas contrapartidas, como es la exigencia de cumplimiento de la estricta legislación de incompatiblidades.

Cuando uno accede a un puesto de funcionario debería tener la certidumbre de una cosa: a partir de ese momento casi cualquier tipo de actividad económica está prohibida. Esta regla es la consecuencia de que el puesto de trabajo de funcionario se ejercerán en régimen de exclusividad.

No se puede decir que la legislación de incompatibilidades de los funcionarios sea nueva, porque se aprobó en 1988. Y hay prohibiciones complementarias que concretan lo que está dispuesto en dichas disposiciones, aunque no resultara necesario: Por ejemplo, el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital dispone de forma bien clara que “Tampoco podrán ser administradores los funcionarios al servicio de la Administración pública con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades propias de las sociedades de que se trate, los jueces o magistrados y las demás personas afectadas por una incompatibilidad legal”. Resulta llamativo el aparente desconocimiento de esta norma, como prueba algún otro caso denunciado por los medios de comunicación.

En ocasiones, será posible una excepción a la incompatibilidad de actuar con un permiso que ha de ser otorgado por la Administración. Por coger dos ejemplos, los profesores de Universidad tenemos el régimen del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades que hace que necesitemos autorización previa, el contrato lo suscriba la Universidad -no el profesor-, se quede con un porcentaje -que varía en función de la Universidad pública- y tengamos un límite anual en lo que se puede percibir (120.000€ aproximadamente). Los arquitectos que trabajan en el seno del sector público tienen que solicitar no sólo una autorización general sino también una licencia especial para cada proyecto que visen (artículo 12 Real Decreto 598/1985).

Con estos casos, que se podrían complementar …

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20 de Maio de 2022
Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1188258404/em-foco-rdt-193-setembro-2018-revista-de-direito-do-trabalho-09-2018