Revista de Direito do Trabalho - 08/2018

Revista de Direito do Trabalho - 08/2018

Intervención de La Administración Del Estado En El Proceso de Negociación Colectiva: Análisis Comparado En Los Sistemas Chileno Y Uruguayo

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Autores:

FRANCISCO RUAY SÁEZ

Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Magíster © en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Chile. Studiante del programa de Maestría en Derecho Procesal, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Ayudante del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. fruay@ug.uchile.cl; fruaysaez@gmail.com; francisco.ruay@ppulegal.com

GONZALO RIQUELME GONZÁLEZ

Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Chile. Ayudante del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. gonzaloriquelme@yahoo.com; gonzalo.riquelme@lizamaycia.cl

Sumário:

Área do Direito: Trabalho

Resumen: El presente estudio tiene por finalidad comparar los modelos de negociación colectiva de Chile y Uruguay y, en particular, la intervención del Estado en cada uno de dichos procesos, con especial atención a la intervención de la administración, tomando como referencia el marco jurídico que informan jurídicamente los modelos de cada país. Para lograr aquello se efectúa un análisis de las reglas vigentes que regulan cada uno de los procesos de negociación colectiva, enfocando especialmente el estudio en las etapas en que se hace presente intervención del Estado a través de las instancias interventoras de la administración. Se expondrán los elementos distintivos de cada modelo de negociación colectiva, estableciendo similitudes y diferencias, para el caso de ser procedentes. Abstract: The purpose of this study is to compare the collective bargaining models of Chile and Uruguay and, in particular, the intervention of the State in each of these processes, with special attention to the intervention of the administration, taking as reference the legal framework that informs legally the models of each country. To achieve this, we will make an analysis of the current rules that regulate each of the collective bargaining processes, focusing especially on the study in the stages in which intervention of the State is made through the intervening instances of the administration. The distinctive elements of each collective bargaining model will be exposed, establishing similarities and differences.

Palabra Clave: Negociación colectiva – Intervención estatal – Autonomía colectiva – Derecho del TrabajoKeywords: Collective Bargaining – Government intervention – Collective autonomy – Labour law

Introducción

La tipificación normativa y positivización de los modelos y procesos de solución de conflictos colectivos en materia laboral, a la larga, son representaciones de la evolución y desarrollo de la propia historia de los conflictos laborales que para cada país han transitado hacia la solidificación de un proceso o mecanismo institucionalizado de composición, así como también, respecto de los mecanismos de cierre de dicha solución institucionalizada (a través de un instrumento contractual por ejemplo, o de un decreto oficial que encuentre su origen y fundamento último en el ejercicio de la potestad estatal). En este sentido, resulta de un especial interés comparar cualquier par o conjunto de modelos jurídico-laborales nacionales, pues en el fondo, aquello que resulta ser comparado, no es más que el resultado histórico de las luchas internas que ha moldeado un sistema de relaciones laborales determinado y han, devenido en el molde de cómo entendemos el conflicto social, las vías reconocidas para su convergencia y el reconocimiento de mecanismos de pacificación social cuando éstas responden al conflicto entre trabajo y capital. Cuando alguien va a enfrentar dos modelos en un análisis comparado puede parecer que el primer paso de dicho ejercicio, y que permite delimitar de mejor manera cada uno de sus términos, es contraponer directamente aquellos sistemas que representan cada uno respecto del otro una antítesis que aparenta ser evidente e insoslayable. En dicha dirección resulta de especial interés el análisis de las modulaciones normativas vigentes en nuestro ordenamiento jurídico nacional, con aquél que históricamente se ha enunciado como un caso jurídico excepcional, y por ello, hemos escogido en la presente investigación a Uruguay como un modelo de comparación que satisface tal premisa inicial.

El presente estudio no pretende efectuar una revisión detallada y omnicomprensiva de ambos modelos, ni mucho menos pretendemos abordar al detalle un análisis crítico sobre la comparación en comento, sino más bien, intentamos dar una revisión respecto de aquellas diferencias que desde el punto de vista de la intervención estatal se presentan en ambos modelos, prescindiendo, por ahora, del análisis detallado y pormenorizado de otros tópicos tan interesantes como pueden resultar ser, por ejemplo: (i) niveles de negociación; (ii) sujetos negociadores; (iii) efectos jurídicos del convenio colectivo; (iv) ejercicio de derechos concomitantes con el derecho a negociar colectivamente, y en particular la posibilidad de ejercer el derecho a huelga, entre otros; todos ellos características que hacen evidente la existencia de dos modelos que no sólo son en esencia diferentes sino que representan antípodas en el reconocimiento del ejercicio de la libertad sindical dentro del espectro latinoamericano.

Ahora bien, definido cuál será nuestro objeto de estudio, es posible reconocer dos niveles elementales de intervención estatal dentro de los procesos de negociación colectiva susceptibles de estudio. Por una parte, la intervención legislativa, en la cual el Estado aparece como garante en el establecimiento de pautas generales, directrices y normas procedimentales para habilitar a las partes en la ejecución de los procesos de negociación colectiva, en la esfera propiamente heterónoma; y, por otra, interviniendo no ya de forma abstracta y general, sino que incidiendo dentro del proceso de negociación mediando actuaciones de orden administrativo o judiciales, directa o indirectamente, con miras a resguardar, entre otros fines: la finalidad o resultado del proceso, el cumplimiento de las normas legales y, en algunos casos, buscando dotar de espacios de solución intermediada, lo que en términos de Rosembaum se materializa en una actuación del Estado no como legislador, sino que “[e]n su condición de autoridad de aplicación y contralor, o como representante de los intereses generales de la sociedad en su conjunto” 1 . La intensidad en que obre tal intervención podrá darnos luces de concepciones más o menos autoritarias o paternalistas del Estado, y que como sostiene Gamonal “[e]s propio de democracias más formales que reales, en naciones más autoritarias que pluralistas” 2 . Sobre este último punto, y en específico respecto de la intervención de la Autoridad Administrativa, tratará nuestro Estudio.

Los países latinoamericanos se han caracterizado por ser portadores de un espíritu altamente intervencionista, adscribiendo a un modelo que se ha catalogado como restrictivo, resultando ser precisamente Uruguay la excepción que ha confirmado la regla. La tradición intervencionista que impregna la legislación laboral colectiva de nuestros países latinoamericanos se ha vinculado tradicionalmente con causas económicas (del desarrollo productivo latinoamericano y el perfil industrial pequeño y atrasado tecnológico), casusas histórico-culturales (relacionadas también con un factor político) y causas sindicales (movimiento sindical débil). 3

A partir de dicha constatación regional genérica, compararemos los modelos legislativos chileno y uruguayo de modo de comprender cómo el Estado previene y dispone de determinados medios para, en definitiva, guiar no sólo el proceso de negociación de forma general y abstracta, sino que incidiendo dentro del marco de ejecución del mismo, y en particular, la manera en que se han dispuesto –para el caso chileno en particular- una serie de instancias cuya finalidad será la resolución de conflictos de carácter procedimental, la generación de asistencia técnica o instar como intermediario en la búsqueda de vías alternativas para arribar a una solución pacífica del conflicto colectivo, pudiendo condicionar, en definitiva, el proceso de negociación en sí. Del mismo modo, será nuestro interés abordar el efecto que tales actividades estatales se pueden erigir –pensando en el caso chileno- como remedios ante la inminencia de la huelga, operando para tales fines la intervención de la Dirección del Trabajo mediante sus buenos oficios o proceso de mediación de obligatoria conforme la nueva legislación.

Para el caso Chileno, por cierto, y a partir de la entrada en vigencia de la ley Nº 20.940 que reguló un Nuevo Modelo de Relaciones Laborales, la intervención estatal ya existente en el Código del Trabajo de 1987 y refrendada mediante la reforma de 2001, no sólo se mantuvo, sino que se revitalizó con un despliegue aún más intenso de la Dirección del Trabajo como interviniente dentro de los distintos espacios que un régimen reglamentarista de negociación colectiva -como es el chileno- permite, velando por el cumplimiento de normas y formalidades dentro de todo el procedimiento, en lo tocante a su intervención como tercero componedor y sin perjuicio de las atribuciones que se reconoce una vez aprobada la huelga.

Dicho sea paso, la comparativa tendrá un propósito adicional considerando las consecuencias pueden derivarse de dicha intervención en el ejercicio de la libertad sindical, esto sin desconocer el legítimo interés estatal de dotarse de las reglas y medios pertinentes para conducir los procesos de negociación colectiva, siempre y cuando no signifique una limitación del ejercicio de dicha libertad (OIT, Convenio Nº 87, art. 3º Nº 2 y art. 8º Nº 2). Sin embargo, los modelos democráticos se han desarrollado en torno a la creación, en general, de modelos de intervención administrativa que obran como un remedio eventual ante conflictos de carácter colectivo donde la sola voluntad de partes no ha resultado suficiente para arribar a término con un instrumento colectivo, reconociéndosele a aquélla, dentro de los modelos internacionales (y en particular el europeo), una actividad de carácter residual “[d]ominando en todos ellos la idea de ‘voluntariedad’, tanto cuanto a su utilización como en lo relativo al resultado de ellos derivado” 4 . En efecto, ante tal reconocimiento residual resulta una manifestación radical de intervencionismo, por ejemplo, la aplicación de medios de composición o mediación estatal de carácter obligatorio. En este sentido, por ejemplo, se ha inclinado la Comisión de Expertos de la OIT, al señalar:

247. Sea cual fuere el sistema que se adopte, éste debería tener como objetivo primordial el fomento, por todos los medios posibles, de la negociación colectiva libre y voluntaria entre las partes; los interlocutores en la negociación deberían gozar de la mayor autonomía posible dentro del marco legislativo y el mecanismo administrativo que se …

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19 de Agosto de 2022
Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1188258464/intervencion-de-la-administracion-del-estado-en-el-proceso-de-negociacion-colectiva-analisis-comparado-en-los-sistemas-chileno-y-uruguayo-estudos-internacionais