Revista de Direito do Trabalho - 11/2018

Sala de Casación Social. Sala de Casación Social - Jurisprudência Comentada

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Autor:

Reinaldo Jesús Guilarte Lamuño

Sumário:

Área do Direito: Trabalho

Sala de Casación Social

Ponencia del Magistrado Dr. Danilo A. Mojica Monsalvo

En el proceso por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales seguido por la ciudadana Maribel Cuberos Armijo, representada judicialmente por los abogados Alexis García, Carmen Salinas y Hamilton Rodríguez, contra la sociedad mercantil Laboratorios Elmor S.A., representada en juicio por los abogados Rafael Blanco Ricovery, César Freites Vallenilla, Marlon Gavironda, Edhit Viejo del Cura, Andrés Olmos Piña y José Francisco Henríquez Partidas; el Juzgado Superior Cuarto de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante sentencia publicada el 4 de julio de 2017, declaró con lugar el recurso de apelación de la parte actora, sin lugar la apelación ejercida por la parte demandada y parcialmente con lugar la demanda, modificando así el fallo dictado el 9 de marzo de ese mismo año, por el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la defensa perentoria de prescripción alegada por la demandada y parcialmente con lugar la demanda.

Contra la decisión de alzada, la parte demandada anunció recurso de casación, el 12 de julio de 2017, siendo admitido por el Juzgado Superior el día 21 de ese mismo mes y año, y formalizado de forma tempestiva. No hubo impugnación.

Recibido el expediente en esta Sala, el 16 de noviembre de 2017 se dio cuenta del mismo y se designó ponente al Magistrado Dr. Danilo A. Mojica Monsalvo.

Mediante auto del 18 de enero de 2018, fue fijada la audiencia pública y contradictoria prevista en el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para el 5 de abril de ese mismo año, a la 9:30 p.m.

Celebrada la audiencia pública y contradictoria en la fecha indicada, se difiere el dispositivo oral de la sentencia correspondiente al presente recurso, conforme acta de fecha 5 de abril de 2018, para el día martes ocho (08) de mayo de 2018. Hora: doce y cuarenta y cinco minutos de la tarde (12:45 p.m.).

En esta oportunidad, pasa la Sala a reproducir por escrito, la sentencia de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en los siguientes términos:

Casación de Oficio

En ejercicio de la facultad que confiere el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su tercer aparte, de casar de oficio el fallo recurrido con base a las infracciones de orden público y constitucional que en ella encontrase, aunque no se las haya denunciado, la Sala pasa a decidir, en los siguientes términos:

Al respecto, la Sala Constitucional ha definido lo que debe entenderse por la casación de oficio en sentencia Nº 116 de 29 de enero de 2002, caso: José Gabriel Sarmiento Núñez, al señalar lo siguiente:

…el vigente Código de Procedimiento Civil contempla un régimen mixto, en el que sólo puede haber recurso de casación si una de las partes (la perjudicada) lo plantea, pero una vez interpuesto, la Sala de Casación correspondiente puede anular el fallo por vicios no denunciados, siempre que se trate de normas constitucionales o de orden público. De esta manera, el interés privado sigue teniendo una prevalencia, pero se matiza por la necesidad de proteger los intereses públicos.

(…)

…el legislador optó por un procedimiento mixto, en el que se mantiene la demanda de parte, a la par que se faculta a la Sala de Casación para decidir de oficio sobre ciertas violaciones, sin que a las partes se le conceda oportunidad para alegar lo que estimasen conveniente. Ello, en criterio de esta Sala Constitucional, no puede ser considerado como una violación al derecho de la defensa porque en realidad no se trata de un mecanismo instaurado en protección de derechos e intereses particulares, sino para tutelar ciertas normas cuyo respeto el ordenamiento considera esencial.

Por su parte, esta Sala de Casación Social en Sentencia Nº 1.666 de 30 de julio de 2007, estableció lo siguiente:

Con el propósito de construir la base argumental que a criterio de esta Sala motiva la revisión ex oficio del fallo recurrido es necesario recordar el carácter de orden público del que están investidas las normas a las que se contrae el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En relación a la noción de orden público, es necesario esbozar algunas consideraciones previas, partiendo para ello del criterio sostenido a este respecto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión Nº 877 del 05/05/2006, así:

El orden público está integrado por todas aquellas normas de interés público, que son de cumplimiento incondicional, que no pueden ser derogadas por las partes y, en las cuales el interés general de la sociedad y del estado supedita el interés particular, para la protección de ciertas instituciones que tienen elevada importancia para el mantenimiento de la seguridad jurídica, tales como la oportunidad para la contestación de la demanda, la apertura del lapso probatorio, y la preclusión de los actos procesales, entre otras.

Por su parte, para esta Sala de Casación Social la noción de orden público está recogida, entre otras, en decisión Nº 22 del 11/07/2002, la cual acogiendo la sentencia de fecha 22 de mayo del 2001, de la Sala de Casación Civil dejó indicado que “representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exijan observancia incondicional, y que no son derogables por disposición privada”.

De acuerdo con las sentencias parcialmente transcritas, la casación de oficio ha sido concebida como una facultad que tiene en este caso, la Sala de Casación Social, para anular un fallo cuando se observaren agravios donde esté involucrado el orden público y que no hayan sido denunciados por las partes.

En el caso concreto, se justifica la casación de oficio toda vez que se ha evidenciado la violación de normas de orden público en la sentencia recurrida, contenidas en los artículos 159 y 160 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al incurrir el juez de alzada en indeterminación objetiva, al no determinarse con precisión el objeto o la cosa sobre la cual recae la decisión, es decir se delegaro al experto facultades propias del operador de justicia, siendo dicha decisión inejecutable.

En efecto, la decisión recurrida estableció lo siguiente:

Al quedar demostrado que hubo continuidad en la relación laboral y que terminó por decisión unilateral injustificada del patrono procede la indemnización por despido establecida en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras que prevé:

Indemnización por terminación de la relación de trabajo por causas ajenas al trabajador o trabajadora.

Artículo 92. En caso de terminación de la relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador o trabajadora, o en los casos de despido sin razones que lo justifiquen cuando el trabajador o la trabajadora manifestaran su voluntad de no interponer el procedimiento para solicitar el reenganche, el patrono o patrona deberá pagarle una indemnización equivalente al monto que le corresponde por las prestaciones sociales.

En razón de lo anterior, le corresponde a la trabajadora por concepto de indemnización por despido injustificado la misma cantidad que resulte de la experticia para el pago de la prestación de antigüedad, deduciendo los anticipos y préstamos recibos por la trabajadora.

Con relación a los gastos de repatriación, los mismos son procedentes, en razón de que si bien, no aparecen reflejados en el contrato, de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y Trabajadoras, corresponde cancelar los gastos de repatriación.

En este mismo orden de ideas, se observa que, la parte actora reclama el pago de la prestación por antigüedad, la cual resulta procedente por cuanto no se evidenció su cancelación. Para determinar el monto adeudado por este concepto deberán realizarse, mediante experticia complementaria del fallo, el cual deberá tomar en consideración deberá utilizar el salário integral del mes, conforme al último salário, que incluye la porción pagada en dólares con su respectiva conversión más las alícuotas del bono vacacional, las utilidades, y el bono anual, correspondientes al período respectivo, la suma total adeudada deberá ser expresada en bolívares para lo cual, el experto deberá (sic) tomar en cuenta las tasas de cambio oficiales fijadas por el Banco central de Venezuela (sic) respecto a cada período; mientras que para calcular los días …

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20 de Maio de 2022
Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1188259365/sala-de-casacion-social-sala-de-casacion-social-jurisprudencia-comentada-revista-de-direito-do-trabalho-11-2018