Revista de Direito do Trabalho - 11/2018

Sala de Casación Social. Sala de Casación Social - Jurisprudência Comentada

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Autor:

Reinaldo Jesús Guilarte Lamuño

Sumário:

Área do Direito: Trabalho

Sala de Casación Social

Ponencia del Magistrado Dr. Danilo A. Mojica Monsalvo

En el proceso por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales seguido por la ciudadana Maribel Cuberos Armijo, representada judicialmente por los abogados Alexis García, Carmen Salinas y Hamilton Rodríguez, contra la sociedad mercantil Laboratorios Elmor S.A., representada en juicio por los abogados Rafael Blanco Ricovery, César Freites Vallenilla, Marlon Gavironda, Edhit Viejo del Cura, Andrés Olmos Piña y José Francisco Henríquez Partidas; el Juzgado Superior Cuarto de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante sentencia publicada el 4 de julio de 2017, declaró con lugar el recurso de apelación de la parte actora, sin lugar la apelación ejercida por la parte demandada y parcialmente con lugar la demanda, modificando así el fallo dictado el 9 de marzo de ese mismo año, por el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la defensa perentoria de prescripción alegada por la demandada y parcialmente con lugar la demanda.

Contra la decisión de alzada, la parte demandada anunció recurso de casación, el 12 de julio de 2017, siendo admitido por el Juzgado Superior el día 21 de ese mismo mes y año, y formalizado de forma tempestiva. No hubo impugnación.

Recibido el expediente en esta Sala, el 16 de noviembre de 2017 se dio cuenta del mismo y se designó ponente al Magistrado Dr. Danilo A. Mojica Monsalvo.

Mediante auto del 18 de enero de 2018, fue fijada la audiencia pública y contradictoria prevista en el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para el 5 de abril de ese mismo año, a la 9:30 p.m.

Celebrada la audiencia pública y contradictoria en la fecha indicada, se difiere el dispositivo oral de la sentencia correspondiente al presente recurso, conforme acta de fecha 5 de abril de 2018, para el día martes ocho (08) de mayo de 2018. Hora: doce y cuarenta y cinco minutos de la tarde (12:45 p.m.).

En esta oportunidad, pasa la Sala a reproducir por escrito, la sentencia de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en los siguientes términos:

Casación de Oficio

En ejercicio de la facultad que confiere el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su tercer aparte, de casar de oficio el fallo recurrido con base a las infracciones de orden público y constitucional que en ella encontrase, aunque no se las haya denunciado, la Sala pasa a decidir, en los siguientes términos:

Al respecto, la Sala Constitucional ha definido lo que debe entenderse por la casación de oficio en sentencia Nº 116 de 29 de enero de 2002, caso: José Gabriel Sarmiento Núñez, al señalar lo siguiente:

…el vigente Código de Procedimiento Civil contempla un régimen mixto, en el que sólo puede haber recurso de casación si una de las partes (la perjudicada) lo plantea, pero una vez interpuesto, la Sala de Casación correspondiente puede anular el fallo por vicios no denunciados, siempre que se trate de normas constitucionales o de orden público. De esta manera, el interés privado sigue teniendo una prevalencia, pero se matiza por la necesidad de proteger los intereses públicos.

(…)

…el legislador optó por un procedimiento mixto, en el que se mantiene la demanda de parte, a la par que se faculta a la Sala de Casación para decidir de oficio sobre ciertas violaciones, sin que a las partes se le conceda oportunidad para alegar lo que estimasen conveniente. Ello, en criterio de esta Sala Constitucional, no puede ser considerado como una violación al derecho de la defensa porque en realidad no se trata de un mecanismo instaurado en protección de derechos e intereses particulares, sino para tutelar ciertas normas cuyo respeto el ordenamiento considera esencial.

Por su parte, esta Sala de Casación Social en Sentencia Nº 1.666 de 30 de julio de 2007, estableció lo siguiente:

Con el propósito de construir la base argumental que a criterio de esta Sala motiva la revisión ex oficio del fallo recurrido es necesario recordar el carácter de orden público del que están investidas las normas a las que se contrae el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En relación a la noción de orden público, es necesario esbozar algunas consideraciones previas, partiendo para ello del criterio sostenido a este respecto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión Nº 877 del 05/05/2006, así:

El orden público está integrado por todas aquellas normas de interés público, que son de cumplimiento incondicional, que no pueden ser derogadas por las partes y, en las cuales el interés general de la sociedad y del estado supedita el interés particular, para la protección de ciertas instituciones que tienen elevada importancia para el mantenimiento de la seguridad jurídica, tales como la oportunidad para la contestación de la demanda, la apertura del lapso probatorio, y la preclusión de los actos procesales, entre otras.

Por su parte, para esta Sala de Casación Social la noción de orden público está recogida, entre otras, en decisión Nº 22 del 11/07/2002, la cual acogiendo la sentencia de fecha 22 de mayo del 2001, de la Sala de Casación Civil dejó indicado que “representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exijan observancia incondicional, y que no son derogables por disposición privada”.

De acuerdo con las sentencias parcialmente transcritas, la casación de oficio ha sido concebida como una facultad que tiene en este caso, la Sala de Casación Social, para anular un fallo cuando se observaren agravios donde esté involucrado el orden público y que no hayan sido denunciados por las partes.

En el caso concreto, se justifica la casación de oficio toda vez que se ha evidenciado la violación de normas de orden público en la sentencia recurrida, contenidas en los artículos 159 y 160 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al incurrir el juez de alzada en indeterminación objetiva, al no determinarse con precisión el objeto o la cosa sobre la cual recae la decisión, es decir se delegaro al experto facultades propias del operador de justicia, siendo dicha decisión inejecutable.

En efecto, la decisión recurrida estableció lo siguiente:

Al quedar demostrado que hubo continuidad en la relación laboral y que terminó por decisión unilateral injustificada del patrono procede la indemnización por despido establecida en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras que prevé:

Indemnización por terminación de la relación de trabajo por causas ajenas al trabajador o trabajadora.

Artículo 92. En caso de terminación de la relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador o trabajadora, o en los casos de despido sin razones que lo justifiquen cuando el trabajador o la trabajadora manifestaran su voluntad de no interponer el procedimiento para solicitar el reenganche, el patrono o patrona deberá pagarle una indemnización equivalente al monto que le corresponde por las prestaciones sociales.

En razón de lo anterior, le corresponde a la trabajadora por concepto de indemnización por despido injustificado la misma cantidad que resulte de la experticia para el pago de la prestación de antigüedad, deduciendo los anticipos y préstamos recibos por la trabajadora.

Con relación a los gastos de repatriación, los mismos son procedentes, en razón de que si bien, no aparecen reflejados en el contrato, de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y Trabajadoras, corresponde cancelar los gastos de repatriación.

En este mismo orden de ideas, se observa que, la parte actora reclama el pago de la prestación por antigüedad, la cual resulta procedente por cuanto no se evidenció su cancelación. Para determinar el monto adeudado por este concepto deberán realizarse, mediante experticia complementaria del fallo, el cual deberá tomar en consideración deberá utilizar el salário integral del mes, conforme al último salário, que incluye la porción pagada en dólares con su respectiva conversión más las alícuotas del bono vacacional, las utilidades, y el bono anual, correspondientes al período respectivo, la suma total adeudada deberá ser expresada en bolívares para lo cual, el experto deberá (sic) tomar en cuenta las tasas de cambio oficiales fijadas por el Banco central de Venezuela (sic) respecto a cada período; mientras que para calcular los días de antigüedad adicional deberá el experto utilizar como base de cálculo, el salário integral promedio del año pertinente. Asimismo el experto deberá calcular los intereses sobre la prestación por antigüedad que adeuda la demandada al actor respecto de la diferencia debida por dicha prestación, a la tasa promedio entre la activa y la pasiva determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los 6 principales bancos comerciales del país, de conformidad con el literal c) del artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y Trabajadoras.

De la transcripción parcial, se observa que si bien el juez de alzada ordenó la realización de una experticia complementaria del fallo, señalándole al experto que “deberá tomar en consideración deberá (sic) utilizar el salário integral del mes, conforme al último salário, que incluye la porción pagada en dólares con su respectiva conversión más las alícuotas del bono vacacional, las utilidades, y el bono anual, correspondientes al período respectivo”, no estableció los montos de los salarios para el cálculo de los conceptos declarados procedentes, ni tampoco los parámetros para realizar dicho cálculo, siendo dicha omisión determinante en el dispositivo del fallo, no cumpliendo el juez de alzada con la exigencia prevista en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (Vid. SentenciaSCS Nº 532/10-07-13).

En tal sentido, al haberse constatado infracciones que atentan contra el orden público laboral, esta Sala de Casación Social, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 175, penúltimo aparte, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, casa de oficio la sentencia proferida el 4 de julio de 2017, por el Juzgado Superior Cuarto de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Sentencia de Mérito

En el libelo de la demanda, se alegó que en fecha 18 de abril de 1995, la ciudadana Maribel Cubero Armijo inició su relación de trabajo, con la empresa Laboratorios Elmor S.A., desempeñando el cargo de analista de crédito y cobranzas. Que luego, en abril de 2010, fue asignada para ejecutar labores para Teva, en Venezuela, en la misma sede de la demandada y en abril del año 2012 es trasladada efectivamente a la empresa filiar Teva Pharmaceuticals en Florida-Estados Unidos, para desempeñar el cargo de Auxiliar de Finanzas Sénior, previa oferta de trabajo, con el objeto de ejecutar una estrategia operacional de servicios compartidos, específicamente para el área de Latinoamérica, incluido la República Bolivariana de Venezuela. Que los términos de la asignación se corresponderían con los siguientes: a.- Un sueldo base de (USS 23,08) por hora, equivalentes a la cantidad de (USS 48.000,00) anual, pagadera cada dos (2) semanas. b.-Una bonificación anual de 5% de su salário base anual, c- Pago de tiempo extra y otros benefícios contractuales. A los efectos de la antigüedad se mantuvo la fecha de ingreso (18/04/1995). Que en fecha 7 de agosto de 2015, la trabajadora fue informada que su asignación en la sede Teva Pharmaceuticals, finalizaría el 15 de agosto de 2015, como efectivamente se verificó. Alega que debe tenerse que la relación laboral terminó por decisión unilateral injustificada del patrono, por cuanto no se apoyó a la trabajadora en su regreso a Venezuela, ni fue resuelta su situación laboral, aun habiendo llegado a su país natal, lo que conllevó a que acudiera a la vía judicial. Señala que la empresa Laboratorios Elmor S.A., debió cancelar todos los conceptos que correspondan a la trabajadora por finalización de la relación laboral. En tal sentido, demanda los siguientes conceptos:

1. Prestación de antigüedad prevista en el artículo 142 literal c, de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

2. Intereses sobre la prestación de antigüedad.

3. Indemnización por despido injustificado, conforme el artículo 92 eiusdem.

4. Gastos de repatriación.

5. Gastos de transporte aéreos de bienes personales.

6. Cumplimiento de las obligaciones derivada de la seguridad social.

7. Intereses de mora, conforme el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

8. Mora en el pago de las prestaciones e indemnizaciones, conforme la vigente Convención Colectiva del Trabajo de la rama de la Industria Química y Farmacéutica (artículo 63 numeral 4).

9. Pago de costas y costos del proceso.

Asimismo, arguyó que si bien es cierto, que no se cuenta con el monto del último salário percibido por la trabajadora, señala que para el mes de marzo del año 2012, su remuneración mensual promedio fue de Bs. 10.138,13; y que el cálculo de la antigüedad y demás conceptos que se reclaman, se calcularan sobre la base del salário siguiente: Promedio sueldo normal mensual: USS 3.746,09 (Bs. 749.180,54) promedio diário normal: USS 124,87 (Bs.24.972, 68), Alic. Diaria normal Utilidades: USS 8.38 (Bs. 1.675,92), Alic. Diaria Bono Vacacional: USS 9,61 (Bs. 1.921,90) - precio del dólar SIMADI al 06 de febrero de 2016: Bs. 199,99.

En consecuencia, demanda por prestaciones sociales y otros conceptos laborales, la cantidad de Treinta y Nueve Millones Ochocientos Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Bolívares con Sesenta y Ocho Céntimos (Bs. 39.805.444,68).

Por otra parte, de la litiscontestación de la demanda, se observa que:

La demandada, reconoció como hecho cierto: la fecha de ingreso: 18 de abril de 1995 y negó los siguientes hechos: Niega, rechaza y contradice que la relación hubiese concluido el 7 de agosto de 2015. Que el tiempo laborado para Teva Pharmaceutical pueda entenderse como una continuidad de la relación trabajo con Laboratorios Elmor S.A. Precisa, que la verdad es que la trabajadora efectivamente mantuvo una relación laboral desde el 18 de abril de 1995, concluyendo la misma en fecha 16 de abril de 2012, conforme a la renuncia que la trabajadora le presentara a la empresa. Asimismo, negó que pueda considerarse como una extensión de la relación laboral la supuesta prestación del servicio de la trabajadora (…) para una sociedad mercantil que no está constituida en Venezuela, no funciona en este país y sobre la cual solo se menciona que está constituida en Israel y supuestamente es la casa matriz o accionista de mi mandante (…). Destaca, que la demandada en su oportunidad canceló los conceptos laborales derivados de esa relación laboral, por la cantidad de Bs. 345.414,64 de lo cual se restó la cantidad de Bs. 166.042,57, en tal virtud, la actora recibió la cantidad de Bs. 179.372,07.

Argumenta, además que lo pretendido por la parte actora es enmarcar los hechos en un supuesto falso; asumir que se pactó una relación en Venezuela, para la ejecución de una obra en el extranjero, cuando lo cierto, es que la relación con Laboratorios Elmor S.A., finalizó y es allí donde comienza una nueva relación laboral con otra empresa (Teva Pharmaceutical) distinta a la demandada residente en otro país (Florida-EEUU) con condiciones laborales típicas de otro país, y una realidad económica diferente a la venezolana, por lo que -a su decir- mal podría esa relación laboral regirse por la legislación patria. Igualmente, por otra parte, opone la prescripción de la acción considerando que el lapso de prescripción establecido en la extinta Ley Orgánica de Trabajo, es de un año contado a partir de la fecha de terminó de la relación laboral, y que para la referida fecha (16 de abril de 2012) regía la referida ley, sin que la accionante interpusiera acción alguna que interrumpiera el referido lapso de prescripción. En tal sentido, solicita se decrete la prescripción de la acción. En cuanto lo anteriormente señalado, la demandada niega, rechaza y contradice los siguientes conceptos laborales:

1. La antigüedad (articulo 142 literal c) seiscientos (600) días, por la cantidad de Bs. 17. 142.300,00.

2. Indemnizaciones por despido injustificado, seiscientos (600) días, por la cantidad de Bs. 142.300,00.

3. Gastos de repatriación de Estados Unidos a Venezuela, por la cantidad de Bs. 1.379.931,00.

4. El Pago de la cláusula 60 de la Convección Colectiva de Trabajo para la Industria Química y Farmacéutica, por la cantidad de Bs. 4.320.285,75.

5. Intereses moratorios.

6. La cantidad demandada de Bs. 39.984.816,75.

7. Costas del juicio.

Hechos admitidos: De los hechos alegados por la parte demandante únicamente la parte demandada aceptó como cierto, la fecha de ingreso de trabajadora: 18 de abril de 1995.

Delimitación de la Controversia: Con base a los hechos en los cuales la parte demandante fundamenta su acción, así como los hechos en los cuales la demandada sustenta su defensa; resulta evidente que los límites en los cuales ha quedado planteada la controversia, en cuanto a las pretensiones deducida por la actora en su libelo y las defensas opuestas por la parte demandada en su contestación, están dirigidos a determinar: lo concerniente a la continuidad del vínculo laboral invocada por la actora, con ocasión de los servicios personales prestados en el exterior (Florida Estados Unidos), así como la forma y fecha de terminación de la relación de trabajo, y como consecuencia de ello, la procedencia o no de la indemnización por despido injustificado reclamada por la actora, conforme al artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y demás conceptos demandados.

Siendo lo anterior así, procede esta Sala al análisis del material probatorio promovido por...

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3 de Dezembro de 2021
Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1188259365/sala-de-casacion-social-sala-de-casacion-social-jurisprudencia-comentada-revista-de-direito-do-trabalho-11-2018