Processo Constitucional - Ed. 2019

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El Tribunal Constitucional Español Como “Tribunal de Conflictos” - 1. Cortes Constitucionais em Perspectiva Comparada

El Tribunal Constitucional Español Como “Tribunal de Conflictos” - 1. Cortes Constitucionais em Perspectiva Comparada

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1. CORTES CONSTITUCIONAIS EM PERSPECTIVA COMPARADA

Autor:

JOSÉ MARÍA PORRAS RAMÍREZ

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.

Introducción

El Tribunal Constitucional español, al igual que sus homólogos, alemán e italiano, viene desarrollando, desde su creación, una inestimable función como “tribunal de conflictos”, especialmente de aquellos ligados a la división territorial del poder. No en vano, desde un principio, existió siempre una clara vinculación entre el Tribunal Constitucional y el llamado “Estado autonómico” 1 , que tiene su precedente histórico en el Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República 2 . De ese modo, a través de esa vía, y junto con el recurso de inconstitucionalidad, se ha ido conformando jurisprudencialmente un modelo de organización territorial del Estado que había quedado abierto e indeterminado, de forma deliberada, en la Constitución.

En este sentido, el art. 161.1 c) de la Constitución reconoce, inicialmente, la competencia del Tribunal Constitucional para conocer: “De los conflictos de competencia entre el Estado y las CCAA o de los de éstas entre sí”. A su vez, en estrecha conexión de sentido, el art. 161.2 CE determina, en su primera frase, que “El Gobierno podrá impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas”. A todo ello cabe añadir, como dispone la letra d) del citado art. 161.1, la posibilidad de que el TC pueda, también, conocer, en “numerus apertus”, “De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas”, atribución ésta que permite ampliar significativamente sus competencias.

Fundándose en esas habilitaciones, el Título IV de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional procede a regular tales “conflictos constitucionales”, a los que, primero, enumera en los dos párrafos de su art. 59. Se refiere así:

1. A los conflictos de competencia que opongan al Estado con una o más Comunidades Autónomas; o a dos o más Comunidades Autónomas entre sí.

2. A los conflictos de atribuciones que enfrenten al Gobierno con el Congreso de los Diputados, el Senado o el Consejo General del Poder Judicial; o a cualquiera de estos órganos constitucionales entre sí.

3. A los conflictos en defensa de la autonomía local, planteados por municipios y provincias frente al Estado o a una Comunidad Autónoma.

4. Finalmente, a tales procesos conviene agregar, conforme a lo previsto en el art. 161.2 CE y al Título V LOTC (arts. 76 y 77), los conflictos que se suscitan por laimpugnación, por parte del Gobierno, de las disposiciones y resoluciones sin fuerza de ley de las Comunidades Autónomas, por motivos materiales, que no competenciales.

1. Los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas, o de éstas entre sí

Cabe distinguir, de acuerdo con la Ley, la existencia de conflictos positivos y negativos de competencia.

a) El conflicto positivo

Hasta el presente, los conflictos positivos de competencia 3 han tenido una importancia muy notable, si bien la misma se advierte decreciente en el tiempo. Su frecuencia, especialmente acusada en los años ochenta del pasado siglo, trae causa, como se ha indicado, en primer lugar, de la apertura e indeterminación del sistema de reparto competencial existente, motivada por una imperfecta delimitación del espacio competencial autonómico. Ese hecho genera conflictos que, habitualmente, traen causa de la avidez del Estado por incidir en aquél, so pretexto de salvaguardar el interés general. En segundo lugar, y en no menor medida, contribuye a esa proliferación de conflictos la insuficiencia de medios o instrumentos propios del llamado federalismo cooperativo, orientados a reconducir las diferencias, propiciando acuerdos que eviten la formalización de contenciosos. Ambos factores concurrentes han ocasionado, en determinados períodos temporales, la extrema judicialización del modelo vigente de organización territorial del Estado.

En ese sentido hay que constatar el hecho de que las Comunidades Autónomas han sido, habitualmente, las impulsoras preferentes de tales conflictos, en tanto que instancias de poder político más frecuentemente consideradas perjudicadas por el desequilibrado sistema de distribución competencial resultante. La constante intervención del Estado en, prácticamente, cuantos ámbitos materiales existen, ya se encontrara, o no, el mismo, expresamente habilitado para hacerlo, ha ocasionado el frecuente menoscabo y devaluación de las competencias autonómicas. Así, la frecuente apelación por parte del mismo a las muy genéricas competencias de carácter transversal que se contienen en el art. 149.1, apartados 1º y 13º, combinada con su facultad para determinar, en relación con las materias de regulación compartida, tanto el alcance de su legislación, como el de las normas de carácter básico que le corresponde dictar, ha supuesto, al cabo, la restricción, en ocasiones, muy apreciable, del poder de disposición o margen de autodeterminación normativa atribuido a las Comunidades Autónomas. A ello se une la constatación de que el Estado ha venido reservándose, tradicionalmente, un papel preponderante, cuando no excluyente, en el proceso europeo de toma de decisiones, en relación con ámbitos competenciales asumidos por las Comunidades Autónomas. De ese modo, ha alterado la distribución interna del poder público y la naturaleza y el alcance de las competencias autonómicas 4 .

No obstante, el descenso apreciable de esta modalidad de procesos es, también, hoy, una realidad incontrovertible 5 . Se debe, más que a factores políticos coyunturales, relacionados con el cambio y eventual convergencia de las mayorías gobernantes en los distintos espacios territoriales, al progresivo desarrollo, aún incompleto, de los mecanismos de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas 6 , hecho éste que ha propiciado, ya la evitación, ya la resolución extrajudicial de los conflictos; y, también, en no menor medida, a la constatación de que la práctica totalidad de los, aproximadamente, doscientos setenta y cinco títulos competenciales hayan sido ya objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, lo que ha permitido establecer una densa y prolija jurisprudencia, incorporada, cuando menos, a la letra de los Estatutos de Autonomía de segunda generación que han sido reformados durante el período 2004-2011. De ese modo, las nuevas normas institucionales básicas de las Comunidades Autónomas han podido precisar mejor el contenido y alcance de las competencias a aquéllas atribuidas, haciendo cumplida referencia a las sub-materias sobre las que se proyectan las mismas, lo que, a la postre, posibilita una mayor capacidad de desarrollo normativo propio. A ello cabe añadir, como factor disuasorio a tener en cuenta, la toma de conciencia acerca del considerable retraso en que suele incurrir el propio Tribunal Constitucional en la resolución de tales conflictos. No en vano, en la actualidad, viene empleando seis años, habiendo llegado a requerir diez, circunstancia ésta que desalienta su planteamiento, al tiempo que incita al arreglo extra-contencioso de la disputa. En suma, todos estos elementos concatenados han venido a restar protagonismo a la vía de acceso a la jurisdicción constitucional que se comenta, la cual conoció durante el período 1981-1990 su época de máxima incidencia.

Sea como fuere, su utilización, aun significativa, al persistir los problemas estructurales o de fondo que se han señalado, en tanto en cuanto no se acometa la necesaria reforma constitucional durante demasiado tiempo reclamada, ha permitido al Tribunal Constitucional determinar muy bien los perfiles o rasgos definitorios de este proceso, en el que perdura, a pesar del tiempo transcurrido, el desequilibrio o la asimetría, no razonable, ni justificable, entre el Estado y las Comunidades Autónomas

Así, conforme a los arts. 62 y 63 LOTC, el conflicto positivo puede plantearse cuando el …

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4 de Julho de 2022
Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1212768889/el-tribunal-constitucional-espanol-como-tribunal-de-conflictos-1-cortes-constitucionais-em-perspectiva-comparada-processo-constitucional-ed-2019