Processo Constitucional - Ed. 2019

Processo Constitucional - Ed. 2019

Processo Constitucional - Ed. 2019

Processo Constitucional - Ed. 2019

Constitución Reformada En 2005, Tratados Internacionales Y Control de Constitucionalidad

Constitución Reformada En 2005, Tratados Internacionales Y Control de Constitucionalidad

Entre no Jusbrasil para imprimir o conteúdo do Jusbrasil

Acesse: https://www.jusbrasil.com.br/cadastro

Autor:

HUMBERTO NOGUEIRA ALCALÁ

Abogado. Doctor en Derecho por la Universidad Católica de Lovaina La Nueva, Bélgica. Profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Talca. Director del Centro de Estudios Constitucionales de Chile (CECOCH). Director del Doctorado en Derecho de la Universidad de Talca.

1. Introducción

El objetivo de este artículo es el de determinar el sentido y alcance que tienen los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico chileno, ya que en nuestra Constitución Política de la República no hay norma expresa que le de una categoría determinada entre las fuentes del derecho, por lo que ello debe determinarse por vía interpretativa.

Para ello debemos partir del hecho de que en el ordenamiento jurídico nacional es la Constitución Política la única norma jurídica habilitada para determinar la existencia de otras normas de derecho interno ya que determina el modo de producción de ellas, dotándolas de validez, vigencia y aplicabilidad. Además la Carta Fundamental, como norma fundamental del derecho estatal, puede remitirse a normas internacionales que le son indisponibles en su propia validez y vigencia, como son las normas de ius cogens, el derecho consuetudinario internacional y el derecho convencional internacional, siendo los tratados internacionales sólo una de las fuentes del derecho internacional y la única a la cual la Constitución se refiere, aunque en la práctica jurisdiccional, la judicatura ordinaria aplica tanto los principios de ius cogens como el derecho consuetudinario internacional 1 , considerando que ambos se incorporan automáticamente al derecho interno y se aplican en forma directa, a su vez, el Tribunal Constitucional asume la misma perspectiva respecto de los principios de ius cogens 2 .

Agreguemos que las obligaciones emanadas de un tratado vinculan al Estado y a todos sus órganos, incluso antes de que dicho tratado haya sido ratificado, en virtud del artículo 18 de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados, el cual dispone: “Un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de un tratado: a) si ha firmado el tratado o ha canjeado instrumentos que constituyen el tratado a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, mientras no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte en el tratado: o b) si ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado, durante el periodo que preceda a la entrada en vigor del mismo y siempre que esta no se retarde indebidamente”. En Chile, hay sentencias de nuestros tribunales basadas en tal disposición, haciendo aplicación correcta de estos deberes de abstención del Estado de realizar actos que frustren el objeto y fin del tratado 3 .

La soberanía estatal no es sólo el principio que fundamenta la validez de las normas que integran el ordenamiento jurídico interno sino que también es la norma que habilita la aplicabilidad de normas jurídicas provenientes del derecho internacional que le son indisponibles en su validez, vigencia y eficacia, que la Constitución solo determina la aplicabilidad de ellas cuando se incorporan como derecho convencional internacional al ordenamiento nacional de acuerdo a las reglas precisadas constitucionalmente.

A su vez, todo tratado internacional que se incorpora al derecho interno por decisión del propio Estado en el ejercicio de su soberanía representa un límite externo o heterónomo que el Estado ratificante asume y se autoimpone, con el efecto de impedir que en el futuro se dicten normas violatorias de dicho tratado, así sean "normas constitucionales, lo que para tal supuesto implica que un tratado (…) funciona como un límite al futuro poder constituyente que introduce enmiendas a dicha Constitución" 4 .

El tratado actúa desde fuera del derecho interno con calidad de límite exterior y, por la teoría de los actos propios (venire contra factum propium non valet), el Estado que se limitó libre y voluntariamente con ese alcance "no está habilitado para incluir después en su Constitución normas que contradigan su conducta internacional anterior" 5 , sin violentar el derecho internacional y generar responsabilidad internacional del Estado, además de violentar el texto constitucional en su artículo 54 Nº 1, inciso 5º.

La aplicabilidad es la cualidad cuya consecuencia en una norma presupone como condición la validez y vigencia de ella, cuya consideración transcurre por dos cauces normativos. El primero, el que determina directamente la Constitución para el derecho interno; el segundo, el diseñado por la Constitución para que las normas producidas en el derecho internacional de acuerdo con sus propios modos de producción normativa resulten aplicables en el ámbito regido por el ordenamiento estatal, pero indisponibles para el Estado en su validez y en su vigencia. Sobre esta materia el Tribunal Constitucional erróneamente confunde la validez del tratado que es otorgada por el derecho internacional con la aplicabilidad del tratado en el derecho interno que deriva de la incorporación del tratado conforme al procedimiento determinado constitucionalmente 6 , lo que es inducido por el error en que incurre Teodoro Rivera y parte de la doctrina constitucional chilena 7 , no es sostenible que la validez de un tratado dependa de la Constitución.

Asimismo, consideramos incorrecto hablar de jerarquía del tratado en relación a la ley, como a menudo expresa el Tribunal Constitucional, desarrollando la afirmación de que el tratado tiene “rango” superior o igual a la ley. Las expresiones “rango de ley” y “fuerza de ley” sólo son predicables de normas que emanan del ordenamiento jurídico que tiene como fuente de validez la Constitución estatal, la que determina los modos de producción de enunciados normativos infra constitucionales de derecho interno. El rango de ley otorga a los preceptos legales, que son generados conforme a la Constitución por los órganos colegisladores, los que expresan la voluntad unilateral del Estado, constituyendo fuentes primarias del ordenamiento jurídico nacional, una determinada fuerza de ley tanto en su dimensión pasiva como activa, la que se manifiesta en relación a otras fuentes del derecho generadas unilateralmente por el Estado conforme a la Constitución, que son infra legales, vale decir, constituyen grados inferiores a la ley en la gradación de fuentes formales internas de dicho ordenamiento jurídico, determinando la fuerza normativa superior de la ley respecto de la potestad reglamentaria. El rango de ley es el presupuesto necesario para la atribución de la f…

Uma experiência inovadora de pesquisa jurídica em doutrina, a um clique e em um só lugar.

No Jusbrasil Doutrina você acessa o acervo da Revista dos Tribunais e busca rapidamente o conteúdo que precisa, dentro de cada obra.

  • 3 acessos grátis às seções de obras.
  • Busca por conteúdo dentro das obras.
Ilustração de computador e livro
jusbrasil.com.br
4 de Julho de 2022
Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1212768897/constitucion-reformada-en-2005-tratados-internacionales-y-control-de-constitucionalidad-processo-constitucional-ed-2019