Processo Constitucional - Ed. 2019

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Discriminación Política por Despido Arbitrario, Desviación de Poder e Independencia Judicial - 7. Direitos Fundamentais Processuais

Discriminación Política por Despido Arbitrario, Desviación de Poder e Independencia Judicial - 7. Direitos Fundamentais Processuais

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Organizador:

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

1. Introducción

1. 1 El caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela (en adelante “la Sentencia”) constituye un aporte fundamental en la jurisprudencia interamericana en relación con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (en adelante “los derechos sociales” o “los DESCA”). En efecto, con este caso se va consolidando una línea jurisprudencial sobre la protección de las personas en contextos laborales. Así, junto con las sentencias en los casos Lagos del Campo 2 y Trabajadores Cesados del Petroperú y otros 3 , se erige una triada de fallos que han permitido explorar los alcances del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “el Pacto de San José”).

2. En el presente caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “el Tribunal Interamericano” o “ la Corte IDH”) determinó que “la terminación arbitraria de la relación laboral de las presuntas víctimas con el Consejo Nacional de Fronteras constituyó una forma de desviación de poder, pues se utilizó una cláusula establecida en su contrato como velo de legalidad para encubrir la verdadera finalidad de tal medida, a saber: una represalia en su contra por haber ejercido legítimamente sus derechos de participación política y libertad de expresión. Es decir, ellas fueron objeto de discriminación política mediante un despido arbitrario, el cual ocurrió en un contexto de denuncias de despidos semejantes y de otras formas de represalia para quienes habían decidido ejercer sus libertades al firmar por la solicitud de referendo. Así, su despido tenía la intención encubierta de acallar y desincentivar la disidencia política, pues fue instrumentalizado para que otras personas se vieran amedrentadas de participar políticamente y de expresar sus ideas y opiniones. Además de lo anterior, este Tribunal ha considerado que el derecho al trabajo incluye la obligación del Estado de garantizar los derechos de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado de las relaciones laborales” 4 (subrayado añadido).

3. Teniendo en cuenta lo anterior, emito el presente Voto individual por dos razones. En primer lugar, para fundamentar los motivos por las cuales considero evidente la violación al derecho al trabajo en el presente caso, teniendo en consideración que todas las violaciones declaradas en la Sentencia provienen de un mismo hecho generador: “la terminación arbitraria de la relación laboral” de las víctimas. Asimismo, para explicitar algunas particularidades del presente caso, que han hecho de la protección del derecho al trabajo un derecho en expansión en diferentes supuestos y contextos de la relación laboral.

4. En segundo lugar, formulo el presente Voto para expresar, respetuosamente, mi disidencia en relación al criterio mayoritario, relativo a la no violación del derecho a las garantías judiciales, específicamente del derecho a ser oído por un juez independiente, previsto en el artículo 8.1 de la Convención Americana -Resolutivo 7 de la Sentencia 5 . Lo anterior, teniendo en consideración la “desviación de poder” declarada en la Sentencia, a la luz del contexto y hechos probados del caso y frente a los argumentos vertidos por los representantes de las víctimas 6 .

5. Para una mayor claridad, abordaré por separado ambos aspectos: I. El derecho al trabajo como derecho protegido por la Convención Americana mediante el artículo 26 y sus particularidades en el presente caso (párr. 6 a 42); y II. La independencia judicial como parte de las garantías judiciales y del acceso a la justicia, a la luz del contexto del presente caso y la “desviación de poder” declarada en la Sentencia (párrs. 43 a 58).

2. El derecho al trabajo como derecho protegido por la Convención Americana mediante el artículo 26 y sus particularidades en el presente caso

2.1. El derecho al trabajo como derecho autónomo

6. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante el “Comité DESC”) en su Observación General No. 18, ha considerado que “[e]l derecho al trabajo es un derecho fundamental, reconocido en diversos instrumentos de derecho internacional” 7 ; de esta manera “[e]l derecho al trabajo es un derecho individual que pertenece a cada persona, y es a la vez un derecho colectivo[.] El derecho al trabajo no debe entenderse como un derecho absoluto e incondicional a obtener el empleo” 8 .

7. En este sentido, la Observación No. 18 también estipula -en cuanto a las obligaciones- que si bien “[l]a principal obligación de los Estados Partes es velar por la realización progresiva [,] también impone a los Estados Parte diversas obligaciones de efecto inmediato [como] la obligación de garantizar que ese derecho sea ejercido sin discriminación alguna (párrafo 2 del artículo 2 [del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales])” 9 .

8. Hay que destacar, como lo ha expresado el Comité DESC en su Observación General No. 20, que “[l]a no discriminación [es un componente fundamental] de las normas internacionales de derechos humanos y son esenciales a los efectos del goce y el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Según el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales […] los Estados partes deben garantizar el ejercicio de los derechos [que en él se enuncian] sin discriminación alguna por motivos de […] opinión política o de otra índole […]"10 . Así, en cuanto a esta categoría sospechosa, el Comité DESC ha expresado que “la discriminación por opiniones políticas y de otra índole “[…] incluye […] el hecho de tener y manifestar opiniones […]” 11 .

9. Complementado lo anterior, en la Observación General No. 18, el Comité DESC estimó que “[l]a prohibición de no discriminación que establece el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto es de aplicación inmediata y no está sujeta a una aplicación progresiva ni se supedita a los recursos disponibles. Se aplica directamente a todos los aspectos del derecho al trabajo12 (resaltado fuera de texto).

10. Aunado a lo anterior, el Comité DESC también estimó que “[t]oda persona […] que sea víctima de una vulneración del derecho al trabajo debe tener acceso a adecuados recursos judiciales o de otra naturaleza en el plano nacional [.] Todas las víctimas de esas violaciones tienen derecho a una reparación adecuada, que puede adoptar la forma de una restitución, una indemnización, una compensación o garantías de no repetición” 13 . De igual manera, el Comité DESC ha instado “a los jueces y a otros miembros de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a que presten mayor atención a las violaciones del derecho al trabajo en el ejercicio de sus funciones” 14 .

11. Las consideraciones que han sido desarrolladas por el Comité DESC en sus Observaciones Generales, ahora son también recogidas en alguna medida en la jurisprudencia interamericana en relación al derecho al trabajo (y sus vertientes) como derecho autónomo; así, el Sistema Interamericano permea obligaciones concretas en lo relativo a derechos de naturaleza económica, social, cultural o ambiental.

12. A diferencia de la jurisprudencia tradicional de la Corte Interamericana en donde los derechos sociales se subsumían en los derechos civiles y políticos, las decisiones que en fechas recientes se han incorporado al acervo jurisprudencial del Tribunal Interamericano muestran una nueva etapa en relación a cómo son entendidos todos los derechos 15 -sin jerarquía entre sí, indivisibles e interdependientes-; bajo este panorama el derecho al trabajo se ha erigido como un derecho autónomo que ahora puede ser justiciable (como otros derechos sociales interamericanos) 16 de manera directa ante los órganos del Sistema Interamericano.

13. Este Tribunal Interamericano, desde el caso Lagos del Campo Vs. Perú (y reiterado en el caso de los Trabajadores Cesados del Petroperú 17 ) consideró que el derecho al trabajo -y las diferentes manifestaciones de este derecho- 18 son justiciables mediante el artículo 26 del Pacto de San José. Así, tal como se pone de manifiesto también en este caso 19 , el derecho al trabajo deriva de las normas contenidas en la Carta de la Organización de Estados Americanos (en adelante “la Carta de la OEA” 20 ) y puede ser delimitado mediante la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante “la Declaración Americana”) 21 . A lo anterior hay que sumarle un amplio corpus iuris nacional e internacional que reconoce este derecho como un derecho autónomo 22 .

2.2. El derecho al trabajo en el presente caso y el principio iura novit curia

14. En el presente caso, ni la Comisión en el Informe de Fondo, ni los representantes de las víctimas en su escrito de solicitudes y argumentos, hicieron alusión expresa a la violación del artículo 26 de la Convención Americana. Sin embargo, ha sido práctica reiterada del Tribunal Interamericano la aplicación del principio iura novit curia 23 , lo cual puede ser válidamente invocado en casos como el presente, especialmente si se tiene en consideración que sí existen alegatos sobre la vulneración del derecho al trabajo y existe una base fáctica clara y suficiente para analizar la violación a ese derecho.

15. En el caso, la Corte IDH “constató que las presuntas víctimas en todas las instancias, tanto internas como ante la Comisión, alegaron reiteradamente la violación a sus derechos laborales” 24 ; y en …

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29 de Junho de 2022
Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1212768923/discriminacion-politica-por-despido-arbitrario-desviacion-de-poder-e-independencia-judicial-7-direitos-fundamentais-processuais-processo-constitucional-ed-2019