Processo Constitucional - Ed. 2019

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Acción de Protección Colectiva de Derechos Fundamentales Y Protección Constitucional - 8. Ações Constitucionais

Acción de Protección Colectiva de Derechos Fundamentales Y Protección Constitucional - 8. Ações Constitucionais

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Autor:

LUIS ANDRÉS CUCARELLA GALIANA

Profesor Titular de Derecho Procesal en la Universidad de Valencia, acreditado para Catedrático de Universidad. Doctor Derecho por la Università degli Studi di Bologna (Italia) y por la Universidad de Valencia (España).

1. Introducción

Conforme se consolida el Derecho Procesal Constitucional como ciencia y rama diferenciada del Derecho, van surgiendo las voces que reclaman la creación de Códigos de Derecho Procesal Constitucional que sistematicen y ofrezcan los cauces normativos adecuados en las materias propias de esta disciplina. Son muchos los aspectos respecto de los cuales el legislador debería tomar posición a la hora de articular este Código. Es decir, es constante la toma de decisiones y posicionamiento sobre cómo articular el sistema procesal constitucional de una nación.

Obviamente, en este trabajo no vamos a agotar todos los desafíos a los que debería atenderse en el proceso de codificación. Sería demasiado pretencioso poder incluir en un trabajo de estas características, todos los aspectos respecto de los cuales el legislador debe posicionarse para poder articular el sistema procesal constitucional de un país. Es por ello por lo que vamos a acotar el campo de investigación. En concreto, queremos centraremos en los aspectos relativos al control de constitucionalidad y las decisiones que sobre ese ámbito deben tomarse en el proceso de codificación.

En concreto, en relación con este control, en la elaboración de dicho código, debe tomarse una primera decisión: establecer un sistema concentrado, difuso o mixto de control de constitucionalidad. La toma de postura por cada uno de esos sistemas, implica, obviamente, adoptar una serie de decisiones que deben llevarse a un texto codificación. En la medida en que en Colombia y España existe un sistema concentrado de control de constitucionalidad, siendo además, el modelo que responde mayoritariamente al sistema europeo 1 , nuestra ponencia va a tomar como punto de partida, el hecho de que se tome la decisión de codificar un modelo concentrado de control de constitucionalidad 2 . En ese caso, vamos a referirnos a los principales ítems o aspectos que consideramos dignos de ser llevados a un código procesal constitucional. Es decir, nos vamos a enfrentar a la concreción de los aspectos más relevantes relativos al sistema concretado de control de constitucionalidad a los que debe atenderse en un proceso de codificación.

Son cuatro los principales retos o desafíos a los que debe atenderse y todos ellos los vamos a exponer de manera sistemática en los siguientes apartados. Así, el referente a los cauces a través de los cuales se puede controlar la constitucionalidad de una norma; el momento para efectuar dicho control; composición de dichos órganos, y competencia que se les atribuye.

En relación con esta última cuestión, resulta muy interesante tomar postura sobre si los Tribunales constitucionales deben conocer o no de demandas para la protección, tutela o amparo de los derechos fundamentales. En la medida en que en Colombia y España se contempla esta posibilidad, consideramos interesante hacer referencia a esta realidad. Y en ese sentido, nos detendremos en cómo puede concretarse el concepto de víctima a efectos de legitimación, sobre todo, para poder articular un sistema de legitimación para la tutela de los derechos de grupo. Éste es un claro ejemplo de que cómo la jurisprudencia ha ido evolucionando ampliando el concepto de víctima. Creemos que un código procesal que quiera concretar los sujetos que pueden ejercitar acciones ante los Tribunales constitucionales, es interesante que incorporare los aspectos relativos a la legitimación activa para las class actions en materia de tutela o amparo.

2. Modelo concentrado de control de constitucionalidad: decisiones que deben adoptarse en un código procesal constitucional

2.1. Cauces para el control de constitucionalidad

En la construcción del sistema de Justicia constitucional concentrado (una vez que se ha tomado la opción por este modelo), una de las primeras cuestiones a las que se debe atender es la relativa a fijar los cauces a través de los que se controla la adecuación de las normas al texto constitucional. Luego tendremos ocasión de analizar las aportaciones de Hans Kelsen al respecto, pero evidentemente, la elección de estos cauces y la concreción de sus aspectos, resulta esencial. Aquí, puede hablarse de la existencia de dos grandes modelos 3 : el control en abstracto y el control en concreto.

2.1.1. Control en abstracto

En el caso del control en abstracto, las dudas de inconstitucionalidad de una norma surgen sin que haya sido necesaria su aplicación en un caso concreto 4 . Pues bien, cuando se articula este cauce, inmediatamente a continuación, surge la necesidad de que se incorpore al Código procesal constitucional, quién tiene legitimación activa para ejercitar esta acción 5 , así como si debe sujetarse a plazo el ejercicio de la misma 6 .

Como puede apreciarse, estamos subrayando dos capítulos que necesariamente deberían tenerse en cuenta en la codificación procesal constitucional: plazo y legitimación para el ejercicio de la acción para el control en abstracto de inconstitucionalidad 7 .

2.1.2. La aportación de Kelsen

Como regla general, Kelsen mantuvo una posición claramente contraria a legitimación popular para el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad 8 . En concreto, afirmó:

La más fuerte garantía consistiría, ciertamente, en autorizar un actio popularis: así, el tribunal constitucional estaría obligado a proceder al examen de la regularidad de los actos sometidos a su jurisdicción, en especial las leyes y reglamentos, a solicitud de cualquier particular. Es de esta manera como el interés político que existe en la eliminación de los actos irregulares recibiría, indiscutiblemente la más radical satisfacción. No puede, sin embargo, recomendarse esta solución porque entrañaría un peligro muy grande de acciones temerarias y el riesgo de insoportable congestionamiento de procesos.

2.1.3. Algunos ejemplos del continente europeo

Si tomamos como referencia algunos ordenamientos jurídicos europeos, podremos ratificar lo que estamos afirmando. En este sentido, podemos encontrar tres grandes categorías. En primer lugar, hay Estados en los que la legitimación activa se entiende en un sentido muy restringido. En segundo lugar, hay otros países en los que se amplía el abanico de sujetos legitimados, pero sin llegar a reconocer una legitimación popular. Y en tercer lugar, están los supuestos, muy excepcionales, en los que la legitimación se concibe en un sentido muy amplio.

A la primera categoría descrita, podemos adscribir el caso alemán. En concreto, la legitimación activa para la presentación de una demanda de inconstitucionalidad la tienen el Gobierno federal, los gobiernos de los Land, y un tercio de los miembros del Bundestag 9 , que es una de las cámaras legislativas de ese país 10 . Así se desprende del artículo 93.1 2) de la Ley Fundamental de Bonn de 1949.

En el caso austriaco también se concibe de manera restringida la legitimación activa. Dicha legitimación la tienen los gobiernos regionales, y una tercera parte de los miembros de del Consejo nacional 11 .

En el supuesto intermedio en lo que se refiere a la concreción de la legitimación activa, podemos ubicar el caso español o portugués, por ejemplo.

Así, en el caso español, el artículo 162 CE, dispone que estén legitimados para interponer una demanda de inconstitucionalidad, “el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidad Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas”.

En el caso portugués 12 , por citar un segundo ejemplo, la legitimación activa la tienen el Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea legislativa, el primer ministro, el Procurador de Justicia, el Fiscal General de la República, y las asambleas de las regiones autónomas para los casos previstos en el artículo 229 constitución portuguesa 13 (art. 281.1 Constitución de Portugal).

A la tercera categoría, pertenecen muy pocos ordenamientos jurídicos europeos, …

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4 de Julho de 2022
Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1212768928/accion-de-proteccion-colectiva-de-derechos-fundamentales-y-proteccion-constitucional-8-acoes-constitucionais-processo-constitucional-ed-2019